El gobierno de Gustavo Petro enfrenta la que es quizá una de las crisis políticas más complicadas desde que inició hace ocho meses, luego de que el presidente repentinamente decidiera pedir la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial, en medio del pulso político que vive con los partidos de la U, Liberal y Conservador por el debate de la reforma a la salud. Mismas colectividades que de forma oficial el mandatario dejó por fuera de la coalición de gobierno.
Un escenario político algo incierto en el que son numerosas las preguntas de cara al futuro de las reformas clave del gobierno Petro y del gabinete presidencial que estaría ad portas de vivir su segundo remezón en menos de ocho meses. Esta vez, se prevé, como una reacomodación de fuerzas y roles, dejando por fuera a los partidos que terminaron haciendo oposición al proyecto de la ministra Carolina Corcho.
Todo esto se dio luego de la candente jornada de debate que se vivió en la Comisión Séptima del Congreso el pasado martes 25 de abril, en la que fue aprobada con 10 votos frente a 8 la ponencia del proyecto de ley presentada por el Gobierno. Acto que abre las puertas a la votación de su articulado, que como se sabe no incluyó la mayoría de los acuerdos alcanzados con los partidos de la U, Liberal y Conservador.
Un escenario en el que se ve cuestionado el verdadero poder de las cabezas de estos partidos, los cuales tenían como directriz no apoyar la ponencia del gobierno. Sobre todo el Liberal que, en cabeza de César Gaviria, incluso había amenazado con sanciones para los congresistas que decidieran votar en contra de lo que se había decidido. Petición que causó tensión y sumó al debate una presunta violación de los derechos políticos de los parlamentarios de dicha colectividad.
Hasta el momento, lo cierto es que la casa política que peor ve la cosa de puertas para adentro es precisamente el Liberal, ya que los demás partidos lograron mayor impacto sobre sus representantes en la Comisión Séptima y tras el revuelo, por ejemplo, el Partido de la U planea convocar de nuevo bancadas para decidir democráticamente su posición frente a lo sucedido. Por ahora la mesura se impone y es muy pronto para que alguien hable de pasar a ser oposición.
De hecho, la posibilidad de que esto pueda llegar a ocurrir sin generar más caos es bastante difusa, incluso si los jefes de partido lo desean, teniendo en cuenta rebeliones internas como la que se vive en la casa de César Gaviria, quien recibió una carta firmada por 18 de sus 33 representantes que manifestaban su rechazo a que se imponga una decisión sobre la autonomía de los congresistas.
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Puja interna que se hizo más visible en la votación de la ponencia, durante la que resaltó el voto a favor de la representante liberal María Eugenia Lopera, quien a pesar de la amenazas de consecuencias políticas (incluso frente a la Corte Suprema de Justicia) decidió irse del lado del gobierno y alegar que lo hacía “pensando en las personas que tienen que arrodillarse frente a un sistema (de salud) para que lo atiendan”.
Eso, sin mencionar a los congresistas de otros partidos que fueron claves para el triunfo de la ponencia del Gobierno, ya que al salir del recinto terminaron rompiendo el quórum e inclinando la balanza en contra de sus partidos: Camilo Ávila, de la U; así como los conservadores Gerardo Yepes y José Quevedo. Algunos de ellos firmantes de la ponencia inicialmente presentada a pesar de las posiciones de su partido, hecho que fue polémico un día antes de Semana Santa.
