Esta semana estalló un nuevo escándalo en Colombia relacionado con los dineros de las regalías para la paz, OCAD PAZ, por cuenta de unas denuncias de la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quien indicó que existirían unos 41 mil millones embolatados que fueron asignados a megacontratistas para sacar adelante proyectos en los municipios más golpeados por la guerra. Escándalo en el que resultó señalado el representante Alfredo Ape Cuello.
En medio de todo ello, la congresista resaltó un presunto entramado de contratación que a pesar de ya haber recibido 24 mil millones de pesos como anticipo (algo que es irregular en este caso), tendrían detenidas varias obras a su cargo, según pudo constatar tras un mes de investigación en el que se pasaron derechos de petición al Departamento Nacional de Planeación y otras entidades.
“Están embolatados 41 mil millones de pesos de la paz. Debían construirse 1.167 viviendas en el Cesar y las obras tienen avances menores al 1%. Congresistas, megacontratistas y alcaldes involucrados en una presunta red criminal de contratación”, señaló Juvinao en una parte de su denuncia, en la que salpicó a varios presuntos responsables.
Precisamente, uno de los nombrados fue el representante por el Cesar, Alfredo Ape Cuello, quien se hizo tristemente famoso tras una intervención que ha sido calificada como machista, pues como respuesta a las denuncias públicas de Juvinao este la trató de “obsesionada” con querer llamar su atención. Eso, a pesar de que la noche anterior la representante asegura que Cuello la visitó en su oficina para reducir las tensiones e intentar que fueran amigos.
Resulta pues que, se trata nada más y nada menos que de un político de vieja data y amplias conexiones políticas en el Cesar, congresista desde el 2002. Años que, por cierto, no han estado del todo libres de revuelo (además del actual por los OCAD Paz): vinculado en 2007 en investigaciones de la Corte Suprema por presuntos vínculos con el paramilitarismo o su mención en 2017 en un comunicado de la Fiscalía sobre el escándalo de Odebrecht.
En aquella ocasión, según la entidad, Ape Cuello habría sido nombrado como parte de un “grupo Buldozer” de congresistas que habrían presionado para que la Concesionaria Ruta del Sol obtuviera un contrato de estabilidad jurídica. “La ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones a éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de ODEBRECHT”, señaló el comunicado de la Fiscalía.
