Pocas son las cosas que logran atemorizar a un país que está acostumbrado a la guerra. Sin embargo, como nada nunca es imposible, esta semana se logró con el anuncio de un operativo en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, que habría terminado con la vida de 11 personas que según el Gobierno eran criminales de las disidencias y según varias voces regionales eran campesinos y líderes indígenas.
La situación trae reminiscencias del capítulo oscuro de los Falsos Positivos en la historia de Colombia, una práctica cometida por las fuerzas militares que consistía en hacer pasar a ciudadanos inocentes como guerrilleros o criminales “dados de baja” en combate y con ello anunciar exitosos resultados operacionales. Además, teniendo como contexto un escenario en el que se les daban reconocimientos, beneficios económicos y laborales a los soldados que demostraran acciones en el campo.
Sin embargo, lo sucedido en Puerto Leguízamo aún carece de investigación suficiente para determinar si esto fue lo que sucedió o no. Lo que hay por ahora es una fuerte contrastación de versiones oficiales y ciudadanas, que además se suma al agitado clima electoral, el recrudecimiento del conflicto como una previa a las urnas y la necesidad que tiene el Gobierno de demostrar pie de fuerza tras una serie de atentados que han golpeado fuertemente la institucionalidad (caso Cúcuta, los incendios y ataques durante el paro armado del ELN y, más recientemente, la bomba en Bogotá que dejó dos menores inocentes muertos).
En medio de todo ello, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el pasado 28 de marzo un exitoso operativo en la vereda el Remanso, en el municipio putumayense de Puerto Leguízamo, inicialmente teniendo un balance de nueve personas “neutralizadas”. Al final la cifra fue de 11 supuestos criminales muertos y cuatro capturados.
No obstante, a las pocas horas empezaron a surgir versiones diferentes desde la población. Camilo González Posso, presidente de Indepaz, aseguró que se trató de “una masacre atroz” y que varios testigos y familiares señalaron que “el Ejército entró disparando sin consideración. Asesinaron al presidente de la Junta de Acción Comunal, a su esposa, al gobernador del resguardo indígena”.
Desde Florencia, el periodista independiente conocido como Andrés Prensa, manifestó que algunos familiares de los supuestos criminales le comentaron que se habría tratado en realidad de “un evento comunitario, de un bazar que habrían organizado con el fin de recolectar fondos para el mejoramiento de la vereda”.
De hecho, el periodista entrevistó a un familiar de uno de los fallecidos : “El muchacho fallecido era mi sobrino, Divier Hernández. A mí se me hace muy raro, ¿cómo van a matar a estos muchachos y presentarlos como guerrilleros si no lo son? Ellos vivían acá en Florencia, salían a trabajar, estaban en un evento de un bazar de una caseta comunal”.
A esto se le suma el reporte de la Procuraduría General de la Nación, quien manifestó haber recibido información de la comunidad que desmentiría que las once personas muertas hacían parte del Frente 48 de las Disidencias de las FARC. Señalan para ello como fuente a la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios Ipiales-Nariño.
Según estas organizaciones civiles, señala la entidad en un comunicado, “las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos”.
Por esta información la Procuraduría exigió la siguiente información al Ejército: copia de la orden de la operación, del informe operacional entregado tras la incursión en la vereda El Remanso, informe de muertes en desarrollo de esta operación y una aclaración de si ya se ha abierto una indagación preliminar o investigación por estos hechos.
