El pulso político por las reformas del gobierno de Gustavo Petro sigue adelante. Con el antecedente arrasador de la tributaria o de la paz total en el Congreso de la República, lo cierto es que en principio el presidente podría tener algo de confianza para seguir adelante con su agenda de reformas. Una de ellas es precisamente la de la justicia.
El proyecto de ley, que por cierto no ha sido ajeno a la polémica, estará en cabeza del ministro de Justicia, Nestor Osuna, quien lleva meses defendiendo la necesidad de hacerle un cambio estructural al sistema judicial colombiano. Especialmente en lo que se refiere a la política penal del país.
La idea del ministro, según lo aseguró hace un par de días en medio de un conversatorio sobre su reforma, es reflexionar sobre “el sentido” de muchos de los castigos hoy contemplados para muchos delitos y el verdadero efecto de las cárceles sobre los presos. Precisamente por ello este documento fue bautizado como “proyecto de ley para la humanización y modernización del sistema penitenciario y carcelario”.
“¿Qué esperamos como sociedad de las cárceles? ¿Unos depósitos de seres humanos en condiciones infrahumanas por muchos años y a un precio elevadísimo? ¿Esperamos resocialización? ¿Las queremos como solución extrema o generalizada?”, señaló el ministro Osuna en medio del conversatorio.
Sin embargo, aunque en principio parecía que esta reforma no sería de las más complicadas para el Gobierno, todo parece indicar que habría una profunda preocupación de cara a no lograr el cambio deseado. Eso se puede entrever de la última actuación del ministro, quien pidió facultades extraordinarias para que el presidente Petro pueda realizar cambios en el sector de forma más directa.
Esto se dio a través de una carta dirigida a la Cámara y al Senado, especialmente a las comisiones primeras, que busca específicamente que el presidente tenga por seis meses la facultad para “suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”.
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En resumidas cuentas, el presidente podría tener injerencia directa de entidades como el Inpec, Uspec, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Notariado y Registro, según se puede corroborar en la página del Minjusticia.
El pulso con el ministro de Justicia
Lo cierto es que la carta del ministro Osuna calentó mucho más los ánimos dentro del Congreso de la República, donde de hecho los sectores de oposición piden desacelerar el proceso retirando el mensaje de urgencia al proyecto. Misma petición que en su momento se hizo con la reforma tributaria con la que, en su momento, varios miembros de la oposición denunciaron un supuesto “pupitrazo”.
