Colombia amaneció con una de esas noticias que ya se hacen paisaje: una nueva masacre de tres jóvenes en la vereda El Águila, en la zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).Un hecho que llega para alimentar la lista de 66 masacres ocurridas a lo largo de 2021.
La cifra proviene del observatorio de Derechos Humanos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), que monitorea de forma constante distintos flagelos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Mismo conteo que deja al departamento del Cauca como uno de los más afectados hasta el momento con 11 masacres y 37 personas asesinadas en lo corrido del año.
De acuerdo con la información revelada por esta ONG, las víctimas de esta matanza fueron tres personas de una misma familia, quienes, según las primeras informaciones, se encontraban en una fiesta en la que hombres armados dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.
En la escena dos personas murieron fruto de las balas y una más quedó gravemente herida, falleciendo mientras era tratado médicamente.
Según Indepaz, en la zona donde fueron asesinados estos jóvenes tienen influencia el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras, así como los GAO-r de la columna móvil Dagoberto Ramos y Jaime Martínez.
La que ahora es la masacre 66 cometida en el transcurso del 2021, ha generado una gran cantidad de rechazos desde el ámbito político, social e institucional. El Gobierno Nacional, por ejemplo, anunció una millonaria recompensa por los responsables de la matanza. De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, se entregarán hasta 100 millones de pesos por información que pueda conducir a su captura.
“No dejaremos que los narcoterroristas de las disidencias de las FARC amedrenten a la comunidad, con hechos como el de hoy en Santander de Quilichao. Ofrecemos hasta 100 millones de recompensa para dar con el paradero de alias ‘Darío’ de la ‘Dagoberto Ramos’”, aseguró el funcionario en su cuenta de Twitter.
Por su parte, algunos activistas, ciudadanos y políticos, no dudaron en rechazar estos actos, condenando además la falta de protección del Estado en los territorios y que los funcionarios del Gobierno sigan utilizando el término “asesinatos colectivos” para referirse a las masacres.
