La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme la sentencia condenatoria contra siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por crímenes asociados a más de 21.000 hechos de secuestro. Los sancionados deberán cumplir una sanción propia de hasta ocho años, con trabajos restaurativos, restricciones de derechos, horarios, lugares de ejecución y supervisión judicial.
Condena contra el último Secretariado
La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó y ajustó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, último comandante de las Farc; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio; Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño, y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el excanciller de las Farc.
Según la decisión, los siete fueron declarados responsables como autores mediatos por el aparato organizado de poder en que se convirtió la antigua guerrilla. La condena incluye crímenes de guerra como toma de rehenes y homicidio, además de crímenes de lesa humanidad por privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
La Sección de Apelación también concluyó que cinco de los siete condenados son responsables, por el mando que ejercían sobre la estructura armada, de no haber evitado delitos como tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.
¿Cuál será la pena?
La pena no corresponde a cárcel ordinaria, sino a una sanción propia del sistema de justicia transicional. Esto implica que los condenados deberán cumplir trabajos, obras y actividades de contenido restaurador y reparador durante un periodo de hasta ocho años, bajo condiciones específicas.
La JEP precisó que estas sanciones no pueden ser simbólicas ni indeterminadas. Por eso, deberán tener metas medibles, horarios de dedicación, lugares definidos de residencia y ejecución, restricciones de derechos y supervisión estricta. También deberán priorizar su cumplimiento frente a otras actividades.
