Los tentáculos de la industria tabacalera en la política colombiana

Una investigación de Cuestión Pública revelaría una profunda y prolongada relación de Philip Morris, la empresa tabacalera más importante del mundo, con varios actores de la política nacional. El medio asevera que aunque la compañía le aseguró que no ha realizado financiación política alguna, registros contractuales de años podrían llegar a evidenciar la utilización de la Federación Nacional de Departamentos para pagar favores políticos. 

“Pese a que la Philip Morris (PMI) le dijo a Cuestión Pública que no financia la política colombiana, este medio encontró que en el marco del convenio por 155 millones de dólares que tiene con la Federación Nacional de Departamentos, esta entidad pública ha contratado a un hermano, esposas, una cuñada y presuntas cuotas de congresistas y gobernadores. Hay 27 contratos que suman $1.850 millones a 15 personas con vínculos políticos”, señala el portal. 

La investigación indica que entre 2012 y 2021 se celebraron 27 procesos en el marco del acuerdo entre la Federación y PMI “para prestar apoyo jurídico en la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores”, suscrito en 2009 luego de que Colombia interpusiera una demanda contra la tabacalera estadounidense “por presunta evasión de impuestos, lavado de dinero e incentivo al contrabando”. Documento en el que la compañía se comprometía a pagar 155 millones de dólares a la Federación en un plazo de 20 años.

En total, 1.850 millones de pesos habrían sido entregados a contratistas relacionados con distintos funcionarios y exfuncionarios, destacando entre ellos el actual Contralor de la República, “Carlos Felipe Córdoba, los senadores del Partido Liberal Rossvelt Rodríguez, Rodrigo Villalba, Horacio José Serpa y Mauricio Gómez Amín, el exprocurador Fernando Carrillo y el ex alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos”. 

En el documento se revela, por ejemplo, que Víctor Andrés Tovar, candidato a la Cámara de cara al 2022, hijo de la alcaldesa del municipio de Tarqui (Huila) y amigo personal del Contralor, fue contratado por la Federación para dirigir el Programa Anti Contrabando de cigarrillos y licores entre 2013 y 2015. Además, habría tenido varios contratos “en el marco del acuerdo con Philip Morris” por un monto superior a 133 millones de pesos. 

Sumado a ello, Cuestión Pública logró evidenciar que tras la llegada de Córdoba a la Contraloría, “Tovar suscribió 3 contratos con dicha entidad que suman $242.483.333, entre ellos, para ser asesor de la Vicecontraloría General”.

¿Todos para uno y uno para todos?

 

Otro que no se salvó del radar en esta ocasión fue el ex alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, ya que un contratista de 2015 de la Federación tendría vínculos históricos con él. Se trata de Iván Botero Páramo, quien tuvo un contrato por 87 millones como representante de una empresa de estrategias de comunicación y quien fungió, en el pasado, como asesor de Ceballos cuando este era viceministro de Justicia (2009-2010).

Sin embargo, eso no llega a ser lo más relevante, ya que los lazos con la Federación Nacional de Departamentos (FND) llegan a establecerse desde casi todos los rangos de la política nacional. Señala Cuestión Pública, entre otras cosas, que la entidad podría ser un fortín político con la que alcaldes, gobernadores y otros políticos pagan favores o aseguran su participación laboral con el Estado. 

Un ejemplo de ello sería la firma de varios contratos directos con la FND por un total cercano a los $183 millones, por parte de una persona cercana al exgobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio. De esta operación, resalta que el mencionado sujeto habría apoyado previamente su campaña a la gobernación y “desempeñó tareas en procesos contractuales, en capacitaciones y eventos” en el marco del convenio con la tabacalera. 

Otro caso relevante fue el de Plinio Alevio Pérez, quien “fue contratado como asesor del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la FND, en el marco del convenio con la PMI”, dos años después de haber sido secretario de Hacienda del exgobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. El medio señala que su contratación superó los 80 millones de pesos. 

“La Federación está compuesta por la Asamblea General de Gobernadores, integrada por la totalidad de mandatarios regionales y se encarga de la elección del director ejecutivo de la entidad y de su revisor fiscal”, señala Cuestión Pública, dejando en evidencia el poder que tienen las administraciones locales en dicha entidad. 

El Congreso no se salva: lobby tabacalero

 

Donde realmente se entiende un poco de la relación de Philip Morris es precisamente en el Congreso de la República, recinto en el que enviados de la tabacalera estadounidense habrían hecho repetidas visitas a distintos parlamentarios (quienes luego habrían mostrado posiciones en contra del aumento de impuestos al tabaco). 

Se señala, por ejemplo, que el entonces senador Iván Duque recibió en su oficina hasta septiembre de 2020 al vicepresidente de Philip Morris, Carlos Adolfo Guzmán Toro. Otro fue el exsenador Richard Aguilar, también visitado por Toro en 2019 cuando “estaba trabajando en nuevos proyectos de ley”. 

Asimismo, la investigación señala que las principales conexiones de los contratistas beneficiados fueron del Partido Liberal, Conservador y Cambio Radical. El documento asegura también que “en noviembre de 2016, el senador uribista Fernando Araújo recibió 8 visitas de Guzmán en distintos días” y que éstas “coincidieron con sus posiciones favorables a la industria tabacalera en Twitter”.

A ello se suman los casos de Alberto Gómez Amín, hermano del senador Mauricio Gómez, quien habría tenido contratos con la FND por $215 millones por concepto del programa anticontrabando. También el de Natalie Otero, esposa del senador Horacio José Serpa, “contratada en 2017 por $24 millones para prestar apoyo administrativo a la dirección del acuerdo entre la Federación y la PMI”. 

Cabe señalar que según CP el acuerdo  de Philip Morris y la FND fue suspendido en 2017 y reactivado en 2019 “debido al supuesto incremento del contrabando de cigarrillos en Colombia”. Sin embargo, tras todo esto queda en el aire la sospecha de que la relación es en realidad recíprocamente beneficiosa, ya que por un lado proveería de recursos a carteras hambrientas, y por el otro, de lobby a favor de la industria tabacalera. 

 

*Lea la investigación completa aquí.