Finalmente fue sancionada la ley de Comida Chatarra, que tras ser aprobada por el Congreso de la República duró poco más de un mes en el gabinete presidencial. Una controvertida pero a todas luces necesaria ley que no prohíbe nada, pero garantizará la implementación de un etiquetado frontal de advertencia que dará a conocer a los consumidores el contenido nutricional real de los productos comestibles o bebidas ultraprocesadas.
Un etiquetado que advertirá a las personas, entre otras, cuando un producto supere los umbrales de procesamiento establecidos por el Ministerio de Salud.
En ese sentido, como aseguran sus principales autores, el senador Juan Luis Castro y el representante Mauricio Toro, la ley quiere aportar a la construcción de medidas eficientes que prevengan en la población colombiana Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad, hipertensión, diabetes, entre otras, las cuales se relacionan principalmente con los malos hábitos alimenticios.
Por supuesto, los promotores de la iniciativa no han demorado en manifestar su alegría por este hecho que consideran histórico y anunciaron que, a partir de este momento, empieza un nuevo ciclo en el que el Gobierno tendrá que actualizar su legislación con respecto a lo considerado en el cuerpo de la ley. Para ello dispondrá de un año.
“Por fin el presidente Duque firmó la Ley Comida Chatarra, que exige que los productos ultraprocesados tengan un etiquetado donde informen sus excesos de azúcar, de grasas, de sodio y colorantes. Esta ley es un triunfo para las organizaciones ciudadanas que desde hace seis años han promovido este tipo de normas que buscan proteger los derechos a la salud y a la información de todos los colombianos”, aseguró Toro en su cuenta de Twitter.
Acerca de algunos comentarios sobre el etiquetado y la existencia de normativas previas que ya regulaban esta materia, el representante aseguró que cualquier resolución que haya sido emitida por el Gobierno tendrá que acomodarse a la nueva ley en cuanto ésta es superior.
Esos mensajes hacían referencia a la resolución 810, una ‘jugadita’ del Gobierno que salió a los pocos días de ser aprobada la Ley de Comida Chatarra en el Senado. Se trata de una decisión adoptada por el Ministerio de Salud en la que se establecía el etiquetado formal de los alimentos en Colombia, pero con una diferencia fundamental: las etiquetas serían circulares y no octagonales, como lo demandan los promotores de la ley.
