Una gran controversia ha surgido tras los disturbios en la localidad de Suba, en Bogotá, causados entre otras cosas por la obras que se adelantan desde la administración de Enrique Peñalosa en el Humedal Juan Amarillo. Desde hace varios meses, en el lugar se venía adelantando el “Campamento permanente por la defensa del Humedal” por parte de algunos ciudadanos que se oponen a permitir una intervención que puede ir en detrimento del patrimonio ambiental de la capital.
De acuerdo con la Fundación Humedales Bogotá, la obra que hoy es centro de la polémica es la denominada “Conexión Corredor Ambiental Humedal Juan Amarillo”, que tiene lugar entre la localidad de Suba y Engativá. El trabajo del Distrito, en síntesis, “contempla varias obras de impacto negativo al ecosistema, entre las que se destacan senderos elevados, puentes, zonas de acceso y miradores”.
Este tema en específico atrajo especial atención del público luego de que un bus del SITP fuera incendiado en medio de los enfrentamientos entre la Policía y la ciudadanía, por el desalojo forzoso de la protesta que se llevaba a cabo en dicho lugar.
Por su parte, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre los hechos, condenando los actos vandálicos y afirmando que no hay forma de echar para atrás una contratación estatal que viene desde la pasada administración.
“Sobre el Humedal de Tibabuyes viene haciéndose una obra desde la administración pasada, que fue contratada por dicha administración, y que ha tenido una enorme controversia que yo misma he dado. Si de mí hubiera dependido, yo no habría mandado a hacer esa obra. Me parece innecesario e inconveniente hacer obras de endurecimiento sobre los humedales. No creo que sea esa la manera de protegerlos”, fueron parte de las palabras de la alcaldesa en su cuenta de Twitter.
La mandataria además se refirió a los protestantes que desde hace varios meses se manifiestan en defensa del humedal, asegurando que para ellos nada ha sido suficiente y que en este momento obedecen más a motivos políticos que ambientales.
Según López, la Alcaldía ha tomado acción sobre esta problemática por medio de sanciones ambientales, cambios de diseño para mitigar el impacto ambiental y de materiales para garantizar la circulación del agua del humedal, así como destinar recursos del Acueducto para financiar una adecuación que no permita la llegada de agua sucia al humedal.
Sin embargo, aseguró: “Esas personas invadieron la obra desde noviembre del año pasado, tomando vías de hecho y violentas que no deberían admitirse en una democracia”, afirmando además que su administración ha intentado realizar concertaciones con los manifestantes.
De acuerdo con los campistas del Juan Amarillo, las obras en el humedal son “ilegales” por la nulidad del Decreto 565 de 2017, mediante el cual de modificó la política de humedales del Distrito, eliminando la restricción para que la “recuperación de los humedales” incluyera “obras urbanísticas duras, tales como ciclorrutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”.