El detonante
El presidente Gustavo Petro no aceptó el hundimiento de su reforma laboral en el Congreso. En lugar de replantear el proyecto o buscar consensos, anunció en cadena nacional que convocará una consulta popular mediante decreto, con o sin aval del Legislativo.
El Congreso ya votó: 49 senadores dijeron no. Pero Petro insiste en que hubo fraude, que el Senado “guardó silencio” y que, por tanto, está habilitado para proceder. La afirmación es discutible. El acto legislativo sí se produjo, y el rechazo fue legítimo.
Entonces, ¿por qué insiste en seguir adelante?
La jugada
La consulta se presenta como un mecanismo de participación. Pero en el fondo, es otra cosa: una herramienta de confrontación política.
Petro no busca solo una reforma. Busca una narrativa: la del pueblo contra las élites, la de un presidente bloqueado por “los de siempre”. Convocar una consulta por decreto es una forma de decirle al país que la democracia representativa ya no sirve, que solo vale la calle, el grito y el choque.
¿Puede legalmente convocarla?
Aquí está el corazón del dilema:
1. La Constitución (Art. 103) permite la consulta popular, pero exige que sea aprobada por el Congreso.
2. Petro argumenta que como el Senado “no respondió válidamente”, el Ejecutivo puede asumir ese papel y emitir un decreto.
3. La Corte Constitucional debe revisar si ese decreto es válido. Para aprobarlo, tendría que aceptar una interpretación muy forzada de la ley:
• Que la votación en el Senado fue inválida.
• Que el Ejecutivo puede reemplazar al Legislativo.
• Que la democracia directa justifica romper el procedimiento.
Si la Corte lo aprueba, se abriría un riesgo institucional sin precedentes.
¿Qué podría decir la Corte para aprobar el decreto?
Para avalar el camino del presidente, la Corte tendría que aceptar que:
• La consulta popular es autónoma del Congreso en ciertos escenarios.
• El Senado no se pronunció “válidamente”, por lo que el silencio otorga.
• El presidente actúa para preservar el principio de soberanía popular, por encima del trámite legislativo.
Esto sería una interpretación extremadamente abierta y peligrosa, que pondría en juego el principio de separación de poderes.
