En Colombia el asbesto está prohibido, pero no erradicado. Desde enero de 2021, la Ley 1968 —conocida como la Ley Ana Cecilia Niño, en honor a la periodista que murió por exposición a este material— prohibió su uso, producción, comercialización e importación. En el papel, el país dio un paso histórico. En la práctica, sigue conviviendo con un enemigo letal que permanece instalado en techos, redes de agua, paredes y estructuras públicas.
El material, utilizado durante décadas en la construcción de viviendas, colegios, hospitales y acueductos, aún está presente en millones de edificaciones, principalmente en zonas vulnerables. Y aunque el Estado ha hablado de sustitución progresiva, los resultados son mínimos. Según la Comisión Séptima del Senado, solo uno de los nueve compromisos asumidos por el Gobierno para eliminar el asbesto ha sido cumplido. Se estima que más de diez millones de toneladas siguen instaladas, en su mayoría en tejas de fibrocemento.
Las consecuencias son devastadoras. El asbesto no mata de inmediato, pero lo hace con precisión quirúrgica. Provoca enfermedades como asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón, cuyos efectos aparecen años después de la exposición. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, cada año mueren más de 300 personas en Colombia por patologías asociadas a este material. La cifra es probablemente mayor, ya que muchos casos no se diagnostican o no se reportan con precisión.
