Está a pocos días de convertirse en ley de la república el Proyecto de Ley No. 093 de 2019 del Senado y 498 de 2020 de la Cámara, que tiene como objeto “adoptar acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria”, lo que en otras palabras significa alternativas de penas para las mujeres que cometan un delito menor por primera vez. Será, en esencia, una de las primeras leyes penales con enfoque de género.
Cabe aclarar que el texto de esta ley ya fue aprobada en todos los debates del Congreso y ahora solo está pendiente de sanción presidencial, aunque hasta esta semana seguía en revisión de la Corte Constitucional por dos objeciones por supuesta inconstitucionalidad que había interpuesto el Gobierno Nacional. Peticiones que ya fueron rechazadas por el tribunal, dejando en contrarreloj el proyecto que ahora pasa al gabinete del presidente para ser firmado.
Este nuevo cuerpo normativo, desarrollado por el senador Rodrigo Lara Restrepo y la representante Juanita Goebertus, contempla que las mujeres que cumplan con ciertas condiciones y sean judicializadas por delitos menores, como por el ejemplo el microtráfico, no tengan que pasar tiempo en la cárcel sino que en cambio cumplan su pena bajo la figura de “servicio de utilidad pública” desde su hogar. Esto también respondiendo a la importancia de su papel como cabezas de sus núcleos familiares y velando por el bienestar a futuro de los hijos que tienen a su cargo.
Así las cosas, son mujeres candidatas para acceder a estos beneficios: las madres cabezas de familia que no tengan antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito cometido (es decir, que no sean reincidentes), que no hayan cometido delitos violentos o que pongan en peligro la seguridad de su hijo o los demás ciudadanos y que puedan demostrar “por cualquier medio que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar”.
En conversación con Kienyke.com, el senador Rodrigo Lara Restrepo celebró con orgullo la noticia que llega desde la Corte Constitucional y precisó que para demostrar esta marginalidad bastará con “mirar a la mujer que llega presa. La mujer que vive de una ‘chacita’, que vende esa papeleta o se roba una chocolatina, no es difícil para un juez determinar que es una mujer pobre cabeza de hogar”.
De acuerdo con el senador, una de las bases del proyecto parte de entender que el “patrón criminal de la mujer es distinto del patrón criminal de los hombres, ya que al menos el 70% de las mujeres presas han cometido delitos menores y sin violencia”.
“Imaginémonos que una mujer comete el error de vender una papeleta de droga. Esa mujer se va presa cuatro o cinco años y vendió esa papeleta porque solamente le dio dos comidas a sus hijas y quiere darle una tercera, porque quiere pagar el arriendo y está en mora y esa mujer se va presa cuatro años ¿Qué pasa con sus hijos?”, cuestionó, agregando que los estudios que respaldan dichos infantes terminan abandonando el colegio, consumiendo drogas o cometiendo delitos menores.
No obstante, es enfático en que la nueva ley no será de impunidad, es decir que “no se están perdonando estos delitos”, sino que se trata en realidad de una “sanción inteligente” que no termina creando una pena para la mujer y sus hijos, como viene pasando actualmente desconociendo las realidades sociales y familiares de cada una de ellas.
“Buscamos es que esa pena por ese error se transforme en otra: trabajo de utilidad pública. Logramos que la señora siga viviendo con sus hijos, pueda seguir trabajando para sostener esa familia y al mismo tiempo cumpla una pena a través de trabajo de utilidad pública, por ejemplo ayudando a arreglar parques, ayudando a mejorar la vía pública o cuidando a viejitos”, señaló Lara Restrepo.
