Pam Bondi llegó al centro del poder judicial de Estados Unidos con una hoja de vida conocida y una lealtad política clara. Exfiscal general de Florida y aliada histórica de Donald Trump, su nombre volvió a ocupar titulares no solo por su cargo, sino por la manera en que ha manejado uno de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense, el caso Jeffrey Epstein.
Conviene ser precisos. Bondi no investigó ni procesó a Epstein. Cuando el magnate fue arrestado en 2019 y, posteriormente, murió en prisión, ella no tenía un rol directo en el caso. Su responsabilidad aparece después, cuando desde el Departamento de Justicia le corresponde administrar, revisar y decidir qué se publica, y cómo se publica, del voluminoso archivo federal sobre Epstein.
Y ahí empieza el verdadero problema.
Bajo su gestión, el gobierno prometió transparencia. Se habló de archivos, de documentos e incluso de una supuesta “lista” que durante años alimentó teorías, sospechas y expectativas públicas. Sin embargo, lo que se conoció fue otra cosa. Documentos parcialmente revelados, nombres tachados, información sensible expuesta y luego retirada, y una sensación general de que el Estado volvió a fallarles a las víctimas mientras protegía a terceros.
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Las críticas no vinieron solo de la oposición política. Sobrevivientes del abuso y organizaciones civiles cuestionaron que se publicaran datos personales sin el debido cuidado, mientras figuras poderosas mencionadas en los archivos permanecían en la sombra, amparadas por redacciones extensas y criterios poco claros. El mensaje fue contradictorio. Se habló de transparencia, pero se administró el silencio.