Enorme revuelo ha levantado la decisión del Gobierno colombiano de no asistir a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tenía como finalidad discutir y rechazar las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua. Gobierno que está en el ojo del huracán por el creciente número detenciones arbitrarias a opositores políticos y organizaciones religiosas, entre otros ataques que han sido condenados internacionalmente.
Precisamente a inicios de este mes, ocho estados miembros de la OEA solicitaron esta sesión para votar la resolución que condena “enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y las que critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua”.
Sin embargo, en la jornada de aquel 12 de agosto los ausentes fueron los estados de Nicaragua y Colombia, quien terminó por no sentar posición en la votación que terminó favorable gracias al sufragio de 27 países, frente a un voto en contra y cuatro abstenciones. Aún así, el tema no alcanzaba tal dimensión hasta que se supo que el vacío de representación de Colombia habría sido ordenado directamente por el canciller Álvaro Leyva.
Así lo dio a conocer Noticias Caracol, que a través de un derecho de petición logró enterarse que el Gobierno colombiano fue informado “con la debida antelación” de la sesión extraordinaria de la OEA, según un documento firmado por el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana.
“Luego de consultar con las autoridades pertinentes, se transmitió a la Misión Permanente ante la OEA la instrucción respectiva”, señaló Quintana respondiendo a los interrogantes del canal, confirmando además que esta instrucción provino desde los altos mandos de la Cancillería.
Así las cosas, desde diferentes sectores de la política nacional (incluso afines al Gobierno) se extendió el cuestionamiento al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la ausencia de Colombia en la reunión de la OEA. Explicaciones que, por lo menos en parte, fueron entregadas por el viceministro Quintana.
Dicho funcionario, señaló a Caracol que se trató de “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”. No obstante, dicha corta frase deja en el fondo más interrogantes que respuestas, sobre todo en lo que respecta a si esto obedece a una posición oficial del Gobierno frente a las actuaciones de Nicaragua.
Por ahora, existe pleno silencio tanto de la Cancillería como de sus funcionarios, para dar mayor claridad sobre cuáles son los confidenciales “aspectos de política exterior”. Algo que ya empieza a resonar entre varias fuentes políticas que exigen al gobierno Petro tomar cartas en el asunto.
Uno de ellos es, por ejemplo, el representante Víctor Andrés Tovar, de Cambio Radical, quien ha solicitado a su bancada citar de inmediato un debate de control político al canciller Leyva para explicar su ausencia en la OEA, debido a que considera “inadmisible que Colombia se este alineando con un régimen dictatorial como el que controla Nicaragua”. Y no fue el único.