El escándalo de Odebrecht en Colombia no ha sido para nada mínimo, llegando a salpicar campañas presidenciales, a funcionarios de pasadas administraciones e incluso a cobrar la vida de valiosos investigadores como Jorge Enrique Pizano. En este momento, una de las personas que sigue en el ojo del huracán es Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
Actualmente, el exfuncionario está inmerso en un proceso judicial por supuestamente haber hecho parte (junto a ocho exfuncionarios más) de un entramado que le habría facilitado a Odebrecht la obtención del contrato de construcción del tramo Vía Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol. Además de un nuevo proceso que se adelanta en su contra por presunta contratación sin requisitos legales.
Entre otras cosas, se señala a Andrade de haber permitido el pago de sobornos por parte de Odebrecht y entre las pruebas se encuentran supuestas reuniones en la residencia del “Ñoño Elías” con Antonio Martorelli, entonces representante de Odebrecht. Ahora, también lo tiene en líos la firma de un otrosí que significó adiciones al contrato que estaba a cargo de Odebrecht. Todos ellos temas sobre los que el expresidente Santos se ha pronunciado en el juicio.
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“No estoy aquí para defender a una persona, sino para que se haga justicia (...) Yo buscaba era que las metas se cumplieran. Esto sucedía a todo nivel, además, un presidente no está en la condición de conocer los miles de proyectos que andan en el país”, fueron parte de las palabras de Santos.
No obstante, lo cierto es que en los últimos días todo este tema ha dado giros bastante interesantes que irían aumentando hacia arriba las responsabilidades. Empezando por la multimillonaria multa que cayó sobre el Grupo Aval y Corficolombiana en la justicia estadounidense, de 40 y 20 millones de dólares respectivamente, por haber violado las Prácticas Extranjeras de Corrupción.
Todo esto, se da en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido logrado con la justicia de Estados Unidos, ya revelado en su totalidad por algunos medios. En este, se deja expreso entre otras cosas la aceptación de Corficolombiana (filial del Grupo Aval) de haber infringido las normas anticorrupción.
De acuerdo a la decisión publicada el pasado 10 de agosto por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, país donde Aval cotiza en Bolsa, Corficolombiana “sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”. Otorgándole, de paso, beneficios financieros a su grupo madre.
De esta manera, tanto Grupo Aval como Corficolombiana aceptaron haber violado “las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno”. Una conclusión que fue celebrada por el propio Luis Fernando Andrade, quien le agradeció a la justicia de los Estados Unidos que “por fin se esté haciendo justicia”.
El juicio de Andrade
Dentro de todo esto, hay que decir que pocos juicios han sido tan polémicos y curiosos como el que se adelanta en contra de Luis Fernando Andrade, quien incluso ya fue inhabilitado por 18 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Una de las rarezas parte de que la Fiscalía siga abriéndole procesos a los testigos de Andrade en medio del juicio.
Una realidad que de hecho ya le generó molestia al juez que lleva el caso en contra del exfuncionario, luego de que la Fiscalía anunciara nuevas imputaciones, entre las cuales se encuentran 16 exfuncionarios de la ANI que ya testificaron o que iban a testificar a favor del exdirector. Sobre eso el juez dijo: “A este paso el Ministerio Público y todos los que hemos abordado este proceso vamos a tener que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nadie se siente tranquilo con la actuación de la Fiscalía”.
