En Colombia, la justicia opera en un terreno donde el poder mediático y político pueden influir en la percepción pública de lo que es justo o injusto. El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, es un claro ejemplo de cómo la viralidad, el populismo y la victimización pueden ser utilizados como herramientas para evadir responsabilidades.
Su condena a más de cinco años de prisión por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019 reabrió el debate sobre la aplicación de la ley en el país. Ahora, desde la cárcel, Barrera busca que su condena sea reducida, argumentando que es una madre cabeza de hogar y una generadora de empleo. El mismo presidente Gustavo Petro ha cuestionado su condena, sugiriendo que se trata de un castigo excesivo para alguien de origen humilde.
Este caso plantea un dilema clave: ¿hasta qué punto la fama y el discurso populista pueden influir en la justicia?
De la viralidad al delito: ¿estamos premiando la controversia?
Cuando Epa Colombia publicó el video donde destruía parte de una estación de TransMilenio, su objetivo no era protestar contra una injusticia social, sino ganar notoriedad en redes. Lo que hizo no fue un acto de activismo, sino una estrategia de impacto digital que le dio más seguidores, más visibilidad y, eventualmente, una plataforma para construir su negocio.
Sin embargo, el problema no es solo su acto vandálico, sino cómo la sociedad permitió que lo convirtiera en una oportunidad de crecimiento. Su marca de productos capilares se consolidó, su audiencia creció y pasó de ser vista como una delincuente a una empresaria de éxito.
En este punto surge una reflexión preocupante: ¿hasta qué punto estamos normalizando que figuras públicas moneticen la polémica y luego se presenten como víctimas cuando enfrentan las consecuencias?
Populismo y victimización: cuando la justicia se usa como bandera política
Desde que comenzó su proceso judicial, Epa Colombia ha cambiado el discurso de su caso. Ya no se trata de una persona que cometió un delito y paga su condena, sino de una supuesta víctima del sistema judicial.
Su equipo legal ha argumentado que es una mujer trabajadora, madre cabeza de hogar y generadora de empleo, y que, por lo tanto, su castigo es injusto en comparación con políticos y empresarios corruptos que siguen libres.
