En las últimas horas ha generado gran revuelo la filtración de algunos detalles de los contratos alcanzados por el Gobierno Nacional con las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, para la compra de la vacuna contra el Covid-19. Información que hasta el momento se mantenía bajo estricto control de confidencialidad.
El documento en cuestión fue revelado por el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, quien tuvo acceso a los contratos por cuenta de un “error involuntario” del Consejo de Estado. De acuerdo con lo dicho por esta entidad en un comunicado, la información fue divulgada tras ser cargada al sistema de información judicial.
Dentro de los datos revelados estuvieron los precios que habría acordado Colombia con cada farmacéutica y las estrictas cláusulas de confidencialidad sobre distintas materias como la responsabilidad de dichas compañías cuando se presenten demoras en las entregas o de los riesgos en su administración.
Los hechos habrían ocurrido luego de que el Consejo de Estado negara una tutela liderada por Janssen, apoyada también por Pfizer y AstraZeneca, para tumbar el fallo proferido en mayo de este año que ordenaba al Gobierno entregar los contratos de adquisición de vacunas al Instituto Anticorrupción. Un proceso judicial liderado por Camilo Enciso.
En medio de su avanzada, Enciso logró tener acceso a los documentos luego de que fueron colgados como prueba tras la orden de envío que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
De acuerdo con el comunicado inicial del Consejo de Estado, en la tutela de Janssen “se invocaron los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia”. En síntesis, las casas farmacéuticas alegan violaciones a las cláusulas de confidencialidad de los contratos acordados con el Gobierno.
“Se decretó como prueba el envío de información que se consideraba relevante para la resolución del caso, entre la cual se encontraban unos contratos que reposaban en dicha actuación”, aseguró el Consejo de Estado sobre el “error” que permitió el acceso del público a los contratos de las farmacéuticas.
En un comunicado posterior, el Tribunal aseguró que se solicitó ayuda informática al Consejo Superior de la Judicatura para determinar la “trazabilidad del mencionado proceso y saber en qué momento y en manos de cuál o cuáles funcionarios se rompió la cadena de custodia a la que tales documentos”.
De igual manera, por el cargue del archivo “Acuerdo de fabricación y suministro entre Pfizer export BV (PEBV) y Fiduprevisora S.A”, el Consejo de Estado pidió la intervención de la Fiscalía y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que “realicen las investigaciones a las que haya lugar”.
Tras los hechos, varios funcionarios del Gobierno han manifestado su preocupación pues consideran que esto podría poner en riesgo los acuerdos con estas casas farmacéuticas. Dos de las que más vacunas han ingresado a Colombia.
Uno de ellos ha sido el presidente Iván Duque, quien afirmó este miércoles que esto “es algo muy grave, porque claramente se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación”.
De acuerdo con el Canal Institucional, con corte al 11 de agosto, Colombia ha recibido 37’528.304 dosis de vacunas contra el coronavirus. De ellas, 12’881.700 han llegado por parte de Pfizer (siendo la primera importadora de este fármaco) y 4’066.600 de AstraZeneca.
¿Qué dice exactamente el contrato?
Las implicaciones de la divulgación de los contratos aún no son claras, ya que existe mucha incertidumbre entre lo que aseguran los funcionarios del Gobierno y las organizaciones. Lo único que se conoce hasta este momento es que, por lo menos en lo que respecta a AstraZeneca, no se presentará ninguna consecuencia, de acuerdo con lo asegurado a periodistas por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz.
Ahora bien, en cuanto a la farmacéutica Pfizer la situación es completamente distinta, pues la compañía ha decidido escalar el caso a su área legal en Nueva York.
Sin embargo, para entender la situación hay que abordar los dos siguientes puntos: lo que dice expresamente el contrato sobre el incumplimiento de algunas de sus cláusulas, incluyendo la de confidencialidad; y si el Gobierno cumplió o no con lo acordado y respondió de forma oportuna para controlar la crisis.
Frente al primer punto, el contrato revelado por Enciso asegura que ante cualquier falta: “Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo con efecto inmediato, mediante aviso escrito a la otra parte, en el evento de infracción sustancial a algún término de este acuerdo por la otra parte, cuya infracción no sea subsanada dentro de los treinta (30) días siguientes al aviso escrito de infracción sustancial”.
A eso hay que añadirle que, en caso de que Pfizer determine que hubo infracción y decida terminar el contrato, Colombia tendrá un plazo de 30 días para pagar “el precio total de todas las dosis contratadas, menos los montos ya pagados a Pfizer para esa fecha”.
En cuanto a la cláusula específica de confidencialidad, el contrato asegura que “Cada receptor y sus representantes que tengan acceso a información confidencial de la parte reveladora (Pfizer), deberán mantener bajo estricta reserva la Información Confidencial de que disponen o que les haya sido entregada”.
Además, ante una eventual “orden judicial, norma, directriz o normativa” que decida la divulgación de la información, el contrato se blindó exigiendo oportuna advertencia a la farmacéutica para que pueda “pedir que se dicte una orden de amparo u otro alivio, o dispensar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de este acuerdo”.
Sobre este tema, Camilo Enciso aseguró a Kienyke.com que “el deber de confidencialidad solo aplica entre las partes que suscribieron el contrato. Y si el gobierno no incumplió la cláusula, las farmacéuticas no pueden incumplir sus obligaciones”.
Lo cierto es que, en síntesis, el Gobierno no ha sido quien directamente reveló la información y además obedeció a distintos puntos que se establecen como prioritarios en el contrato: aviso oportuno, intervención rápida ante una orden judicial que exigía la revelación de los documentos (con un recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio de Salud) y tomó medidas luego de ocurrida la filtración (la baja del material y la toma de medidas legales, así como la conciliación con la parte afectada).
En ese sentido, el Gobierno hizo “esfuerzos razonables para impedir que empleados y terceros no autorizados tengan acceso a la Información Confidencial”, como reza el contrato. Ahora solo queda esperar qué decisión toma el área legal de Pfizer.
La respuesta de Camilo Enciso
Tras el gran revuelo que sus revelaciones han generado, Camilo Enciso ha recibido varios mensajes de crítica y otros muchos de apoyo. Uno de esos precisamente llegó por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa, quien defendió al exfuncionario al asegurar que la vacunación en Colombia no se vería afectada y que, en realidad, la decisión del Tribunal de Cundinamarca sentaba un buen precedente para la transparencia en la contratación estatal.
“Rechazamos los reclamos de funcionarios del gobierno nacional contra quienes han difundido esta información. Reiteramos que de ninguna manera se les puede responsabilizar por lo que pase con el plan de vacunación”, aseguró la FLIP en su Twitter.
No obstante, una gran cantidad de personas, incluyendo personalidades públicas, empezaron a compartir un artículo de El Expediente titulado “el Carrusel de Enciso”, en el que se aseguraba que este y “su socio y representante legal suplente, el señor Rafael Eduardo Enciso Patiño, figuran como contratistas de distintas entidades del Estado de orden nacional y regional”.
Intentando, de esta manera, vincular las revelaciones de Enciso con motivos meramente políticos y no informativos, basados en su estrecha relación con el sector público durante el mandato de Juan Manuel Santos.
Radar K se comunicó con Camilo Enciso para preguntar sobre este punto específico. El exfuncionario aseguró: “Es un refrito de algo publicado por Gustavo Rugeles en enero de 2021, que tiene que mostrar contratos de 11 años de vida profesional para intentar mostrar que hice algo mal”.
“Los contratos de Rafael Enciso son ejecutados por él y son perfectamente legítimos. Toda esta información es pública, por lo cual cualquier colombiano puede revisarla. De resto mi actividad profesional se centra en darle asesoría a organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial, y gobiernos de varios países. Me contratan por mi trayectoria académica y profesional, y no por ser amigo de nadie”, afirmó.
Finalmente, Enciso aseguró que es falso que haya contratado con la ADJE durante el gobierno Duque. “Sí soy contratista como persona natural de la Veeduría liderando un proyecto de buen gobierno corporativo, transparencia e integridad de las empresas del Distrito, en donde hemos hecho un esfuerzo titánico para ayudar a 21 organizaciones”, fueron parte de sus palabras.
