El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que había declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo un área de 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander. La decisión reabrió el debate sobre la protección ambiental y la actividad minera alrededor del macizo de Santurbán.
La medida fue adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que revocó directamente la Resolución 0994 expedida apenas una semana antes, el 6 de agosto.
Sin embargo, la decisión no corresponde a la revocatoria de la delimitación progresiva del páramo de Santurbán. Esa delimitación fue establecida mediante la Resolución 0992 sobre 29.199,44 hectáreas. La norma que quedó sin efecto corresponde específicamente a la reserva definitiva de La Baja.
¿Qué protegía la resolución revocada?
La Resolución 0994 había declarado una reserva definitiva sobre aproximadamente 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, un área ubicada en California y vinculada al sistema hídrico del macizo de Santurbán. MinAmbiente precisa que se encuentra por fuera de los límites actualmente establecidos para el páramo.
La medida impedía otorgar nuevos contratos, autorizaciones y licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro de la reserva. No afectaba situaciones jurídicas ya consolidadas y permitía avanzar en procesos de formalización de pequeña minería bajo condiciones ambientales determinadas.
La protección se sustentaba, según el Gobierno anterior, en estudios que identificaron una conexión entre el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas de la zona. Investigaciones del Servicio Geológico Colombiano también han señalado la importancia de este sistema para la recarga y circulación del agua en los Santanderes.
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¿Por qué MinAmbiente revocó la medida?
De acuerdo con MinAmbiente, la decisión de revocar esta resolución busca "corregir las irregularidades durante la consulta pública y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades".
El Ministerio argumentó que durante el trámite se presentaron irregularidades que obligaban a reiniciar el procedimiento. Uno de los principales elementos fue un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó garantizar nuevamente la participación ciudadana tras advertir una posible vulneración de los derechos fundamentales de habitantes de California.
