El presidente Abelardo De La Espriella respondió al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, después de que el magistrado acudiera a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para advertir sobre dos iniciativas que, en concepto de ese tribunal, podrían afectar su independencia y funcionamiento.
La controversia se produce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de la propuesta del senador Enrique Gómez de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, iniciativa que recibió respaldo público del presidente De La Espriella.
¿Qué denunció Alejandro Ramelli ante la Corte Penal Internacional?
El presidente de la JEP envió el 18 de septiembre una comunicación a los fiscales adjuntos de la CPI Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, en la que puso en conocimiento del organismo internacional dos propuestas que actualmente avanzan en el Congreso.
La primera contempla trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La segunda plantea que decisiones de la Jurisdicción relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública puedan ser sometidas a una revisión por parte de la Justicia Penal Militar.
Para Ramelli, ambas iniciativas revisten una “especial gravedad” porque podrían comprometer la capacidad de la JEP para cumplir sus funciones y afectar las garantías de las víctimas y comparecientes que participan en sus procesos.
La JEP pidió a la Fiscalía de la CPI respaldar su “independencia, autonomía y funcionamiento” y evaluar las implicaciones de estas iniciativas frente al Acuerdo de Cooperación que Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suscribieron en octubre de 2021.
Ese acuerdo se produjo cuando la Fiscalía de la CPI cerró el examen preliminar que mantenía sobre Colombia, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente la situación bajo las condiciones previstas en el documento de cooperación.
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JEP advierte efectos de un recorte de $100.000 millones
Ramelli sostuvo que un eventual traslado de los $100.000 millones afectaría recursos destinados a la protección de víctimas, testigos y operadores judiciales, además de la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del tribunal.
Según la comunicación presentada ante la CPI, la reducción también podría impactar gastos relacionados con las sedes de la Jurisdicción, servicios públicos y mantenimiento. El magistrado advirtió que una disminución de esa magnitud podría llevar a dificultades operativas para la institución.
