Las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo, impulsadas por las centrales obreras en apoyo a las reformas sociales del Gobierno Petro, han dejado una estela de ambigüedad política, bloqueos, baja asistencia y un creciente agotamiento ciudadano.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha intentado tomar distancia de la convocatoria, la narrativa pública lo sigue vinculando directamente al llamado a las calles, un terreno que ha transitado con insistencia desde su llegada al poder y mucho antes, como líder de oposición. Sin mencionar, las invitaciones constantes en sus alocuciones a la ciudadanía a tomarse las calles para exigir al Congreso salvar sus reformas.
Aunque Petro insiste en que la huelga fue convocada por sindicatos y no por su gobierno, las señales que ha emitido desde hace semanas, desde discursos en China hasta mensajes en redes sociales, han reforzado la percepción de que este paro tiene su sello ideológico completamente.
De hecho, una filtración conocida recientemente mostraba al entonces ministro del Interior consultando por WhatsApp al presidente sobre quién debía convocar una “huelga general”, lo cual sugiere una iniciativa que, si no nació en la Casa de Nariño, al menos fue alentada desde allí.
El principal dilema que enfrenta Petro en este episodio no es solamente el limitado respaldo en las calles, sino el choque entre su discurso movilizador y las consecuencias prácticas del paro.
La ambigüedad institucional de que sea el mismo gobierno quien promueve protestas contra el Congreso —poder del Estado del que forma parte— crea un escenario inédito en la política colombiana. Como consecuencia, Petro se enfrenta a un doble costo: uno por una convocatoria que no prendió como esperaba, y otro por un intento de deslindarse que debilita su liderazgo ante sus bases más activas.
Baja participación y ciudadanos exhaustos
El primer día del paro dejó ver un panorama de baja participación. En ciudades como Medellín y Bogotá, las movilizaciones no lograron llenar plazas como en el pasado. En la capital, la icónica Plaza de Bolívar tuvo una asistencia muy inferior a lo habitual, pese a los esfuerzos de movilización desde regiones como el Cauca, y la presencia de organizaciones sindicales, estatales y estudiantiles.
Al contrario, lo que más se hizo sentir fueron los bloqueos. Más de un millón y medio de personas vieron afectada su movilidad por los cierres de vías y acciones vandálicas en Bogotá, donde se reportaron 16 eventos de protesta, de los cuales solo uno fue pacífico, según datos de la Secretaría de Seguridad.
En muchas zonas, ciudadanos enfrentaron a manifestantes para exigir la libre circulación. Esta reacción espontánea de la población refleja un cambio de ánimo: el respaldo a las movilizaciones ya no es el mismo que el de los días del estallido social de 2021.
¿La 'primera línea', de nuevo en escena?
A los ojos del público, la aparición de miembros de la autodenominada “primera línea” en algunos puntos del país encendió alarmas. Aunque algunos de sus voceros han abogado esta vez por protestas pacíficas, su sola presencia evocó episodios de violencia de años anteriores. La controversia se agravó cuando se reveló que el senador Gustavo Bolívar, cercano al presidente y hoy en campaña, destinó 90 millones de pesos del presupuesto para apoyar a estos colectivos. La noticia ha sido capitalizada por la oposición, que acusa al Gobierno de financiar potenciales focos de violencia urbana.
