La acusación a Jesús Santrich por narcotráfico luego de la firma del Acuerdo de Paz despertó un revuelo político y jurídico, que años después de su captura aún no enmienda el choque de trenes que produjo entre los órganos judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía.
Ahora la discusión escaló a un debate de control político que citaron Gustavo Petro y Roy Barreras, junto a otros senadores como Iván Cepeda, Guillermo García Realpe y Antonio Sanguino para esclarecer cómo se realizó la investigación contra Jesús Santrich y la colaboración judicial con la DEA y la JEP.
Esa citación se da luego de la revelación del diario El Espectador, en la que se describió el contenido de 24 mil audios que tiene la Fiscalía en su poder de conversaciones interceptadas a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, a este último y a Jesús Santrich.
Esa investigación permitió concluir que la Fiscalía participó en una operación de entrapamiento al ex líder guerrillero junto a la DEA, que la cocaína negociada por Santrich y Marín había sido aportada por el mismo ente investigador y que la JEP no tuvo acceso a esas pruebas, aunque las solicitó de manera reiterada tanto al Departamento de Defensa de EE.UU. como al fiscal, para determinar si había conducta punible después de la firma del Acuerdo.
En ese sentido, los senadores citantes del debate plantearon 11 preguntas que van dirigidas a esclarecer por qué se hizo una operación de entrampamiento contra el ahora disidente de las Farc Jesús Santrich, por qué no se aportaron los audios a la JEP, si se trata de un complot al Acuerdo de Paz y a la Justicia Especial y quiénes son los responsables de dicho proceso.
Ante estas preguntas deberán responder el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y el ministro de Justicia Wilson Ruiz, pese a que este último lleva menos de tres meses en el cargo, en el momento del proceso el ministro de Justicia era Enrique Gil Botero. Cabe recordar que ese proceso se dio en abril de 2018 durante el último año de gobierno de Juan Manuel Santos.
El 30 de mayo de 2019, ya posesionado el presidente Iván Duque, con el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez y la dirección del ministerio de Justicia en cabeza de Gloria María Borrero, la Corte Suprema de Justicia resolvió la libertad del exlíder guerrillero. Posteriormente, el 30 de junio de ese año, Santrich abandonó su esquema de seguridad y desapareció para volver a la luz pública armado de fusil, traicionando el Acuerdo de Paz y su palabra, junto a la disidencia de la Nueva Marquetalia de alias Iván Márquez.
