Alejandro Ordóñez arremete contra la CIDH

Este viernes fueron evidentes en redes sociales los comentarios de Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siguiendo una línea de roces de la administración Duque con organismos multilaterales de primer nivel en el globo. El exprocurador general sugirió que la CIDH desconoció el ordenamiento jurídico de Colombia cuando instó al Gobierno a sancionar la Ley Estatutaria de la JEP. "Justo porque en el país existe separación de poderes, el presidente tiene facultad de objetar leyes que promuevan la impunidad y el Congreso la tarea de estudiarlas. Que @CIDH diga lo contrario es desconocer nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución", aseguró en su cuenta de Twitter. El hoy diplomático en la OEA hizo referencia con ello a los cuestionamientos hechos desde la CIDH en el sentido en que hizo un llamado al Ejecutivo colombiano a respetar "el principio de separación de poderes y las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley. Ello con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas". [single-related post_id="1062096"] De hecho, frente a una de las objeciones de Duque, la de delitos sexuales y de primera gravedad, aseguró que impedir que las víctimas conozcan la verdad solo agrava la situación: "La Comisión señala con preocupación que a pesar de la adopción de varias medidas encaminadas al cumplimiento de las órdenes previstas en los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado, las informaciones recibidas indican que aún no se ha logrado garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, estimándose en 92% de impunidad de los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte Constitucional". "El reconocimiento de los victimarios de todos los hechos de violencia sexual y su sometimiento a los procesos de justicia, tanto por exmiembros de las FARC-EP como por miembros de la fuerza pública, y reitera al Estado la importancia de visibilizar este tipo de violencia, estableciendo espacios específicos con privacidad y seguridad para la realización de audiencias de los casos de violencia sexual y creando dispositivos de protección para las víctimas", agregó. 

Choques recientes con entes multilaterales

Justo ayer jueves 21 de marzo, la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, lanzó duras críticas contra la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien también cuestionó las objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP. "Nosotros, obviamente con todo respeto, le pedimos a la Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU que entienda que en Colombia existe una institucionalidad que está trabajando para lograr que dentro de la Constitución vigente se pueda lograr un punto que nos permita llegar a un consenso", dijo.  Previamente Bachelet también había hecho referencia a la amenaza sobre quienes respaldan la implementación de la paz con Farc: "Muchos defensores de los derechos humanos son atacados por apoyar aspectos del Acuerdo de Paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. A menudo se desconoce a los autores intelectuales de estos asesinatos y, en consecuencia, se benefician de la impunidad", dijo.