Este documento periodístico busca dar cuenta del camino recorrido por diferentes actores para alcanzar la despenalización del aborto en Colombia, así como los avaneces que esta ley ha traído en materia de derechos sexuales y reproductivos al país, y los retos que aún enfrenta su implementación
Colombia ha atravesado un largo camino para poder ser actualmente el país de América Latina con más avances frente a la despenalización del aborto de toda la región.
Un hito que no hubiera sido posible sin el esfuerzo colectivo de tantas voces que poco a poco se han ido sumando a una conversación que buscaba garantizar el derecho a decidir de todas las mujeres.
Aunque antes de la sentencia C-055 de 2022 las mujeres podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, no fue hasta el 2022 que el país pudo concretar en el Congreso de la República que no fueran únicamente esas tres razones las que les permitieran a las mujeres poder elegir sobre sus cuerpos.
Este resultado, obliga a ver los antecedentes que hicieron posible que Colombia avanzara un poco más en la despenalización total del aborto.
¿Cuándo comenzó en realidad el debate sobre el aborto?
Esta discusión comenzó cuando en los años 30 el código penal de la época (que se mantuvo hasta 1980), decidió incluir esta practica como delito, penalizándolo a través de su artículo 389 bajo cualquier circunstancia, incluso cuando no era un aborto inducido.
Así lo menciona un informe publicado por la Universidad de El Bosque llamado ‘Despenalización del aborto en Colombia’ en el que además de describen cómo esta conversación se retomó hasta la mitad de la década de los años setenta donde se cuestiona el aborto como delito.
Y es que los primeros intentos legislativos por realizarlo, vinieron por parte del senador Liberal Iván López Botero, quien presentó al Congreso de la República el primer proyecto de ley para reglamentar la interrupción terapéutica del embarazo en sus primeras doce semanas, pero solo en circunstancias donde un dictamen médico dijera que el embarazo constaba de un riesgo amplio para la madre o que el bebe en camino tuviera alguna enfermedad genética.
Para finales de esa década (1979) llegó el segundo proyecto, presentado esta vez por la representante a la Cámara Consuelo Lleras que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 12, unificando los avances hechos por López Botero, pero agregando que la mujer debía comprobar enfermedades graves o malformaciones del feto.
Pasaron casi 10 años para que un nuevo proyecto de ley apareciera volviendo a poner sobre la mesa la despenalización del aborto. Era 1987 y el senador Eduardo Romo Rosero, incluyendo nuevas causales como: si la mujer consumía sustancias psicoactivas o padecía limitaciones físicas, podría realizar el procedimiento.
Dos años más tarde se retomó esta idea pero proponiendo esta vez un término de máximo de 90 días, es decir 3 meses, en los casos en los que el embarazo representara un serio peligro para la salud física y psíquica de la mujer, por sus condiciones socioeconómicas o familiares.
La constitución del 91, abrió nuevas posibilidades. Colombia se convertía en un Estado laico, mucho más diverso y amplio, también daba más autonomía político-administrativa a las regiones, además de aceptar estar bajo el régimen internacional de derechos humanos en donde se incluía la igualdad de género.
Fue así que en 1993 y ya con la nueva constitución en marcha. Llegó el quinto intento para despenalizar el aborto.
A finales de esta década, el activismo feminista había aumentado, figuras como la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, además de la Mesa por la Vida y Salud de las mujeres ya estaban establecidos, por eso, este último colectivo organizo un trabajo en 3 línea principales: incidencia jurídica y legislativa, implementación de la política pública y comunicaciones.
Con un trabajo artículo de años de estos colectivos y organizaciones en 2005 se debatió llevar la despenalización por las vías constitucionales.
Esto, a través de una estrategia de Litigio de Alto Impacto que se denominó LAICIA, presentando una demanda contra la Corte Constitucional dándole paso a las famosas 3 causales ya mencionadas el 10 de mayo de 2006 que declaró inexequible el artículo 22 del código penal, es decir, determinó que no se incurre en un delito de aborto bajo esas tres circunstancias descritas. Un avance enorme pero aún excluyente.
Entonces la práctica del aborto pasó de ser penalizado bajo cualquier circunstancia a ser viable bajo los parámetros de la sentencia C-355 que mencionaba que se podría abortar solo cuando:
- Peligra la vida o la salud de la madre;
- Se presenta malformación del feto incompatible con la vida;
- El embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
Para el 2017, muchos colectivos ya organizados trabajaban de forma articulada. Fue en este año cuando surgió Causa Justa, una iniciativa de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres por la despenalización total del aborto.
Un sueño de muchos colectivos feministas y de derechos humanos que empezaron a trabajar poco a poco hasta llegar a consolidarse en el 2020 como un movimiento que terminaría por transformar lo que antes parecía poco viable para muchos de conseguir: un fallo histórico, la eliminación del delito de aborto en el país hasta la semana 24.
Años de trabajo colectivo que se concretaron en un día histórico
El 21 de febrero de 2022, Colombia vivió un día histórico para los derechos reproductivos de las mujeres al lograr la despenalización parcial del aborto.
Después de meses de retrasos y esfuerzos por parte de grupos opositores al aborto, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión definitiva en una sesión extraordinaria.
Con una votación 5-4, se resolvió despenalizar el aborto hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses de gestación.
El fallo fue alcanzado gracias a los votos de los magistrados Alberto Rojas, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y el conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue clave para desempatar la votación. No obstante, la Corte no eliminó el aborto del Código Penal, lo que dejó pendiente una nueva lucha por parte de los colectivos.
Este avance fue el resultado de años de trabajo colectivo liderado por el movimiento Causa Justa, que, desde su formación en 2018, buscó eliminar el aborto del Código Penal colombiano. La organización, compuesta por más de 200 activistas y colectivos, luchaba por la autonomía y libertad reproductiva de las mujeres y niñas en el país.
Con más de 90 argumentos las pioneras de este movimiento Ana Cristina González Vélez y Cristina Villareal, las mujeres detrás del Movimiento Causa Justa, junto con todo el movimiento lograron eliminar del Código Penal el aborto como un avance para las mujeres, para la sociedad y para la democracia.
Fue así como llegó entonces la Sentencia C-055 de 2022, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, para que el aborto ya no sea considerado un delito. Sino que, sea una conducta punible después de las 24 semanas de gestación.
Una lucha de años, como ha mencionado Ana Cristina González “empezamos a juntarnos a finales de los 90, hasta alcanzar, en 2022, la eliminación del delito de aborto… Cumplimos 25 años de historia por la libertad reproductiva de las mujeres. Creamos este espacio en un momento en el que el aborto estaba totalmente prohibido, y en el que el estigma, la persecución y la autocensura eran la norma, fue así que la La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres nació en tiempos de clandestinidad, pero con la vocación de hacernos visibles y sacar de la oscuridad, de la ilegalidad y del miedo el debate sobre el aborto”.
¿Cómo está Colombia frente a otros países de la región en cuanto al aborto?
En América Latina, las leyes sobre el aborto varían significativamente de un país a otro. Colombia se destaca por ser el país con el límite gestacional más alto en la región. Desde la histórica decisión de la Corte Constitucional en febrero de 2022, el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación, lo que coloca a Colombia en una posición avanzada comparado con otros países de la región.
En contraste, otros países como Argentina han avanzado en la legalización del aborto en los últimos años, pues en 2020, Argentina se convirtió en el primer gran país de América Latina en legalizar el aborto de manera amplia, permitiendo la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
Pese a que Colombia ha avanzado de forma significativa, la despenalización no significó el fin de la lucha. Los grupos a favor de los derechos reproductivos enfrentaron el desafío de garantizar de forma efectiva implementación de la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022) en todo el territorio nacional, sin ningún tipo de barreras, algo en lo que si bien han logrado avanzar, aún hay varios retos por delante.
Implementación del aborto en Colombia: Avances, retos y desafíos
A pesar de los logros jurídicos, el informe presentado por Profamilia a finales de 2024 evidencia que existen aún significativas barreras para que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer plenamente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y oportuna.
La medición de la oferta de aborto seguro
Profamilia, en colaboración con RIOS, lanzó el primer Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro, el cual mide el acceso a este servicio en los 1.121 municipios de Colombia.
Este índice evalúa tres dimensiones: estructura, proceso y resultados, y resalta las grandes disparidades entre los centros urbanos y las zonas rurales. En total, Colombia obtuvo un puntaje de 34,2 sobre 100, lo que pone en evidencia que el acceso a servicios de aborto seguro está lejos de ser igualitario.
La estructura del sistema de salud muestra una deficiencia alarmante en recursos físicos, humanos y organizacionales. En particular, los municipios fuera de las ciudades capitales presentan una escasez de infraestructura y profesionales capacitados. Esta brecha geográfica obliga a muchas mujeres a desplazarse a otros municipios, lo que incrementa tanto el costo como el tiempo de acceso al servicio.
Desigualdad entre ciudades y municipios
El índice reveló que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla presentan una oferta relativamente mejor, pero aún muy lejos de lo ideal. Mientras que en algunas capitales se alcanzan puntajes de 60 puntos sobre 100, en otros municipios más alejados, como San Andrés o Quibdó, las puntuaciones no superan los 50, lo que deja en evidencia las profundas desigualdades en la atención.
El estudio también mostró que solo el 1% de los municipios colombianos cuenta con una oferta mínima de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que un porcentaje significativo de los municipios no ofrece ninguna alternativa de acceso.
En cuanto al proceso de atención, el puntaje promedio fue de 20, lo que refleja la baja disponibilidad de recursos y la falta de personal médico capacitado para la prestación de estos servicios de manera adecuada y conforme a las normativas nacionales e internacionales.
Iniciativas locales y avances en algunas regiones
En el lado positivo, organizaciones como la Corporación Colectiva Justicia Mujer han logrado avances significativos en la eliminación de barreras al acceso al aborto en el departamento de Antioquia. A través de su Centro de Justicia para las Mujeres, han acompañado a mujeres en diversas semanas gestacionales, eliminando barreras sociales, institucionales y económicas que dificultaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
