La Corte Constitucional seleccionó, para su revisión, la tutela que interpuso el expresidente Álvaro Uribe para tumbar la decisión del juez que confirmó su libertad pero lo dejó en calidad de imputado en medio del proceso penal por presunta manipulación de testigos.
Fue en noviembre del 2020 cuando el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá consideró que, tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado y la entrega del expediente a la Fiscalía, sí era posible hacer una homologación entre lo adelantado bajo las reglas de juego de la Ley 600 con la Ley 906.
Es decir, para el funcionario judicial sí era equiparable la indagatoria que se le hizo al exmandatario en la Corte Suprema de Justicia con una audiencia de formulación de imputación que se realiza bajo los parámetros del sistema penal acusatorio.
"Lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía General de la Nación no es realizar una audiencia de formulación de imputación, sino, advirtiéndose superada esta etapa, decidir dentro del marco constitucional y legal, si presenta escrito de acusación, solicitud de preclusión o da lugar a la aplicación de un principio de oportunidad", explicó en ese momento el Juez Cuarto Penal.
Lo alegado por la defensa de Uribe
A pesar de esto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe alegó que hubo una vulneración al debido proceso y a la defensa al determinar que el exmandatario ya se encuentra en calidad de "imputado" en los términos de la Ley 906 de 2004.
En ese momento, los abogados del líder del Centro Democrático indicaron que el Juez Cuarto Penal incurrió en un claro "defecto orgánico" al pronunciarse y decidir "sobre aspectos para los cuales carecía de competencia".
En la tutela dijeron que, a pesar de que el tema sobre la no equiparación entre la formulación de imputación y la indagatoria fue objeto de amplio debate en la audiencia, lo cierto es que la petición que se formuló tenía que ver con el restablecimiento del derecho a la libertad y no era una petición abierta a fin de que se adecuara el trámite a la ley 906 de 2004 y se definiera el estadio procesal en el que debía continuar, pues "ello le correspondía a la Fiscalía".
