Han pasado 13 años desde las “ejecuciones extrajudiciales” de cuatro estudiantes mexicanos en un bombardeo realizado por el Ejército colombiano en la llamada Operación Fénix en la selva de Sucumbíos, Ecuador.
Pese a que ha transcurrido más de una década, los familiares de las víctimas aseguran que los Estados de Colombia, Ecuador y México no han impartido justicia, castigado a los responsables ni reparado los daños causados.
Sin embargo, las familias ven como una “esperanza” la llegada del caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) para que se haga justicia por este ataque en el que fueron asesinados los jóvenes Juan González, Verónica Velásquez, Fernando Franco y Soren Ávila, y en el que Lucía Morett resultó herida.
En entrevista con la Agencia Anadolu, las familias coinciden en que hay un “avance lento” por parte de los Estados implicados y que altos funcionarios colombianos no han asumido su responsabilidad. “Los jóvenes no fueron asesinados únicamente, sino ejecutados extrajudicialmente”, asegura Israel Ávila, hermano de Soren.
“No hemos renunciado a la reparación integral de los daños y de castigo a los culpables. En estos 13 años ninguna organización ha bajado la intensidad de las actividades”, señala Xóchitl Franco, prima de Fernando, quien destaca que ha habido “poca voluntad” de los gobiernos.
“Ahora el caso está en una situación favorable después de 13 años: llegamos a la Comisión Interamericana. Estamos esperando la admisibilidad del caso en lo relativo a Colombia. Estamos en esa espera y posteriormente tendremos la estrategia de seguir en cada uno de los Estados implicados”, añade Franco.
En ese sentido, mantienen la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se diferencie de los anteriores mandatarios mexicanos y les preste atención y tome acciones con respecto al caso Sucumbíos.
Por eso, y para llamar la atención con respecto al momento en el que se encuentra el caso, el lunes pasado decenas de personas se manifestaron frente al Consulado de Colombia en Ciudad de México.
Crisis diplomática
La Operación Fénix tuvo como principal objetivo al guerrillero Raúl Reyes, segundo al mando de las Farc en aquel tiempo. El bombardeo se realizó en territorio ecuatoriano, lo que desató una crisis diplomática entre ambos países e, incluso, la acción fue calificada por Ecuador como “una transgresión a la soberanía e integridad territorial”.
No obstante, desde que sucedió el bombardeo en Sucumbíos, Ecuador, el 3 de marzo de 2008, los avances de los Estados mexicano, ecuatoriano y colombiano han sido “lentos”, pese a que se han presentado varias denuncias.
En el caso de México, de acuerdo con Yvana Minault, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humano (INREDH), “hubo un silencio total por parte del Estado mexicano hasta que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero igualmente hubo silencio: no investigaron los hechos, no se pronunciaron, no hicieron nada”.
En lo que respecta a Colombia, la integrante del equipo jurídico de INREDH explica que el Estado fue omiso en investigar, pese a que los responsables del ataque fueron militares colombianos.
“Ellos no abrieron una investigación después de nueve meses (del bombardeo) y, finalmente, la abrieron pero dicen que en el derecho colombiano no existe un delito tipificado para lo que pasó y que no tomarán ninguna sanción porque no hubo delito. Dicen que le toca a Ecuador investigar, porque pasó en su territorio”, añade Minault.
Para Israel Ávila, la búsqueda de la justicia no solo se enmarca en señalar a los Estados responsables, sino a la línea de mando completa, que va desde el expresidente Álvaro Uribe, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los generales Óscar Naranjo y Freddy Padilla. “Todos en la línea de mando son responsables de esta ejecución extrajudicial”, asegura.
