La mañana del 8 de noviembre de 1985, Bogotá hablaba en susurros. El Palacio de Justicia, donde días atrás deliberaban los magistrados, yacía irreconocible. En los televisores se repetía la alocución del presidente Belisario Betancur, quien asumió “la responsabilidad” por la orden de retomar el edificio por la fuerza. En la radio, como un eco doloroso, resonaba el ruego del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía: “¡Que cese el fuego!”.
Al día siguiente, cuando el humo todavía se alzaba sobre la Plaza de Bolívar, comenzaron a circular las primeras versiones, tanto oficiales como subversivas, de lo ocurrido. El 9 de noviembre, tanto el Gobierno como el M-19 presentaron su relato de los hechos.
La versión del Estado
Ese 9 de noviembre, los principales diarios, entre ellos La Opinión, publicaron el comunicado oficial del Gobierno y las declaraciones militares. En ellas, el Estado atribuía toda la responsabilidad al M-19 y reivindicaba la actuación de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, general (r) Miguel Vega Uribe, declaró que la operación había sido “una victoria de la democracia sobre el terrorismo”. En la misma línea, el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, aseguró que lo ocurrido constituía “un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar ante quienes amenazan las instituciones”.
Los titulares de prensa hablaban de “acto de barbarie”, “ataque contra la democracia” y “defensa del orden constitucional”. La retoma fue presentada como un éxito militar frente al terrorismo, y los funerales de Estado reforzaron esa narrativa: la de un país que había salvado sus instituciones al costo de un sacrificio inevitable.
El comunicado insurgente
Ese mismo día, en algunos círculos políticos y universitarios, se difundió el número 117 del periódico ¡Oiga Hermano!, bajo el título “El M-19 sí responde”. Eran fotocopias dobladas y distribuidas discretamente en cafeterías, sindicatos y otros espacios.
El texto iniciaba diciendo: “Asumimos la responsabilidad de nuestra acción con mirada limpia, dignidad, y con el dolor profundo por el sacrificio de hombres y mujeres que no participaron en el enfrentamiento directo.”
Acto seguido, la organización culpaba al Gobierno de haber convertido la toma en un “holocausto total”, al negarse a negociar y optar, según ellos, por “una operación de aniquilamiento masivo”.
El documento buscaba redefinir la toma armada del Palacio como una “demanda” política contra el presidente Betancur, a quien acusaban de “traicionar el proceso de paz”. Negaba amenazas a los rehenes, insistía en que se había intentado dialogar y concluía con una arenga:
