La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores expresaron su rechazo a la aplicación del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, que incrementa el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, sostienen que la medida tensiona la autonomía fiscal de los territorios y puede abrir un efecto no menor: un aumento del contrabando.
Una renta clave en disputa: autonomía y recaudo
El pronunciamiento reabre una discusión de fondo sobre el modelo territorial: el equilibrio entre el recaudo del Gobierno nacional y la capacidad de los departamentos para administrar ingresos que sostienen parte de su operación. Para los gobernadores, el impuesto al consumo no es un ingreso accesorio. Lo presentan como una fuente estructural que ayuda a financiar programas y servicios bajo responsabilidad departamental.
En esa lectura, el desacuerdo no se limita al aumento del tributo, sino al camino usado para hacerlo. Señalan que, al redefinir condiciones sobre una renta que gestionan las entidades territoriales, el decreto envía una señal de recentralización y choca con los principios de descentralización y autonomía territorial.
El Decreto 1474 y la figura de emergencia
El Decreto 1474 de 2025 incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos, y también el de cigarrillos y tabaco elaborado, dentro de un paquete adoptado bajo emergencia económica. Esa figura permite al Ejecutivo actuar con mayor rapidez, pero también suele elevar la controversia: decisiones fiscales vía decreto tienden a abrir disputas sobre competencias, efectos reales y legitimidad.
En su comunicación, los mandatarios sostienen que la búsqueda de recursos para el Estado central no debería trasladar presión a ingresos departamentales ni alterar su gobernanza. Dicho sin rodeos: piden que el ajuste no se diseñe como si la caja regional fuera una extensión automática de las necesidades del nivel central.
