Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Migración Colombia, el Ejército y la Alcaldía de Medellín terminó con la expulsión de 18 ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, registraban antecedentes por diferentes conductas delictivas y presentaban causales legales para ser retirados del territorio colombiano.
Los procedimientos se desarrollaron en puntos estratégicos como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otras zonas del Valle de Aburrá, donde las autoridades verificaron la situación migratoria, antecedentes y anotaciones judiciales de ciudadanos extranjeros.
El falso sacerdote también fue expulsado
Entre los casos más llamativos está el del hombre que se hizo conocido en redes sociales por recorrer las calles vestido de sacerdote en el sector de La Paralela.
De acuerdo con las autoridades, sobre él pesaban comparendos por porte de arma blanca, tenencia de un celular reportado como hurtado y ocupación indebida del espacio público, además de reportes por poner en riesgo a conductores al atravesarse frente a vehículos y lanzar agua sobre parabrisas.
Los otros 17 expulsados tenían antecedentes relacionados con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, porte de armas blancas, riñas y receptación. Según la Secretaría de Seguridad, uno de ellos registraba 23 capturas por tráfico de drogas, mientras que los demás acumulaban entre cuatro y 23 detenciones.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la estrategia continuará y advirtió que seguirán identificando y expulsando, dentro del marco legal, a extranjeros con causales asociadas a comportamientos delictivos. También señaló que en los aeropuertos se reforzaron los controles para impedir el ingreso de personas con alertas por posibles delitos.
La Alcaldía de Medellín explicó que las expulsiones no corresponden a un operativo aislado, sino a una estrategia permanente de control migratorio que se desarrolla junto con Migración Colombia, la Policía y el Ejército en barrios, parques, zonas de gastrobares y aeropuertos del Valle de Aburrá. El objetivo es identificar a extranjeros que presenten alertas judiciales o incumplan las causales legales para permanecer en el país.
