La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó 83 propiedades que harían parte del patrimonio ilegal de personas, posiblemente implicadas en actos de corrupción.
En un trabajo mancomunado contra la lucha contra las actividades ilícitas que afectan las arcas del Estado y en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra la Corrupción la Fiscalía desplazó un grupo de fiscales se desplazó a 12 municipios de 7 departamentos donde fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición sobre los diferentes activos.
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En desarrollo de la Estrategia Argenta, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adelantó la ‘Semana contra la Corrupción’, durante la cual impactó el patrimonio de personas que estarían implicados en defraudaciones al erario público. Se trata de 83 propiedades ubicadas en municipios de Sucre, Arauca, Santander, La Guajira, Atlántico, Risaralda y en la capital del país. El valor preliminar superaría los 620 millones de pesos.
Se trata de 69 inmuebles, entre rurales y urbanos; 12 vehículos y 2 sociedades, ubicados en Sincelejo (Sucre), Arauca (Arauca), Puente Nacional (Santander), Villanueva y Riohacha (La Guajira); Galapa, Barranquilla, Soledad y Juan de Acosta (Atlántico), Dosquebradas (Risaralda) y Bogotá. El valor preliminar de los bienes afectados superaría los 36.620 millones de pesos.
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En Sucre. La Fiscalía identificó propiedades a nombre de los hermanos William David y Jorge Eliecer Mercado Chenique, investigados por posibles hechos de corrupción cometidos entre 2013 y Los dos hombres como directivos de una IPS local habrían afectado el erario departamental en, al menos, 13.000 millones de pesos sin mediar contratos suscritos con la Secretaría de Salud de Sucre.
En La Guajira. Las propiedades ocupadas harían parte del patrimonio de exfuncionarios de Corpoguajira y otros ciudadanos que habrían incurrido en irregularidades superiores a los 823 millones de pesos. De esta manera, la corporación autónoma pagó actividades y servicios que nunca se prestaron. 13 personas fueron judicializadas por estos hechos.