En un comunicado, el ELN aseguró que tiene en su poder a cinco patrulleros de la Policía secuestrados en la vía Cúcuta-Tibú, en Norte de Santander. Tras conocerse el caso, las autoridades activaron operativos en la zona, anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información y solicitaron una prueba de vida.
Contexto del caso
El secuestro ocurrió en la madrugada del 6 de enero de 2026, cuando los uniformados se movilizaban por el corredor que conecta a Cúcuta con Tibú, una ruta estratégica del Catatumbo. En esa franja se han reportado, de manera reiterada, restricciones a la movilidad y presencia de hombres armados en puntos de paso, lo que mantiene en alerta a comunidades y autoridades.
En su comunicado, el ELN señaló que los policías viajaban en un vehículo de servicio público y que fueron detenidos en un retén instalado por integrantes del grupo en el trayecto.
El documento del ELN mencionó a los cinco patrulleros por nombre: Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.
Luego del secuestro, se reforzaron los despliegues de seguridad en el corredor y se activaron canales institucionales para ubicar a los policías. La medida más visible fue el anuncio de una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a su localización.
En paralelo, las autoridades pidieron una prueba de vida como paso indispensable dentro de cualquier gestión orientada a la liberación. La prioridad, según el enfoque institucional, es confirmar el estado de los patrulleros y reducir riesgos en un terreno donde cada movimiento tiene impacto operativo.
En el comunicado, el ELN afirmó que los patrulleros están en "buen estado de salud" y que dará a conocer condiciones para su liberación "en los próximos días". Con ese mensaje, el grupo buscó fijar tiempos y controlar el relato público del caso, mientras la presión institucional se concentra en ubicar a los secuestrados y asegurar su regreso.
