La protesta minera en el Bajo Cauca antioqueño completó más de una semana en medio de un aumento de la tensión, bloqueos en vías estratégicas, hechos de violencia y millonarias pérdidas económicas, lo que obligó a la intervención de la fuerza pública, especialmente en el municipio de Caucasia.
Las manifestaciones, originadas por el rechazo a la destrucción de maquinaria amarilla utilizada en actividades mineras, han derivado en escenarios de orden público complejos. Durante los últimos días se han registrado la incineración de vehículos, saqueos, restricciones a la movilidad y afectaciones a la población civil en municipios como Caucasia y Tarazá.
Videos difundidos en redes sociales evidencian la gravedad de la situación: ambulancias sin poder transitar, buses detenidos en carretera y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. En uno de los episodios más recientes, fue saqueado un supermercado en el barrio Asovivienda, en medio de disturbios sobre la Troncal que conecta a Medellín con la Costa Caribe.
Aunque el Gobierno Nacional había instalado una mesa de diálogo con representantes del gremio minero del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, las negociaciones se estancaron. De las 20 peticiones planteadas, solo se lograron concretar siete acuerdos antes de que se suspendieran las conversaciones.
Según voceros de la mesa minera, la interrupción de los diálogos se produjo tras la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), lo que generó inconformidad entre los manifestantes y derivó en nuevos disturbios.
En medio de la escalada, durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) con presencia de los ministros del Interior y de Defensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó una intervención más contundente de la fuerza pública. El mandatario aseguró que la situación dejó de ser una protesta pacífica al vulnerarse derechos de terceros, incluyendo ataques a la misión médica, confinamientos y bloqueos prolongados.
