El caso de Ariel Palacios, quien fue destituido de la Gobernación del Chocó por presunta corrupción, ha sido motivo de polémica en los últimos días puesto que, debido a una solicitud de su defensa, fue dejado en libertas por vencimiento de términos.
No deje de leer: Roy Barreras confirma mejoría en su estado de salud.
Cabe recordar que en el año 2020, el funcionario fue acusado por corrupción debido a supuestas irregularidades en la contratación durante la pandemia. Por esa razón, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva de la libertad en su contra, por solicitud de un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con un comunicado del ente judicial, esta privación de la libertad a Calderón habría sido de carácter domiciliario. Al mandatario local se le acusa de haber declarado urgencia manifiesta en el departamento por la crisis sanitaria, a través del decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, por medio del cual ejerció algunas contrataciones que estarían en la lupa de la Fiscalía.
Por medio de dicho decreto, el Gobernador chocoano habría logrado una contratación directa por $220’375.148 para adquirir elementos de bioseguridad, en orden con la complicada situación que vivía el país y las facultades que tenían los territorios que decidían decretar la emergencia interna.
No obstante, la Fiscalía habría encontrado que dicha contratación no habría contado con los filtros protocolarios para un tema tan importante, resaltando las siguientes falencias: “falta de idoneidad del contratista, presuntas falsedades en la etapa precontractual y ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos”.
