Este jueves se dio en Bogotá el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien compareció de manera virtual ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, para responder por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. La audiencia, que marca un hito en la justicia colombiana, representa la primera vez en la historia del país que un expresidente enfrenta un proceso penal tan trascendental.
Durante este encuentro, Uribe reiteró su inocencia y aseguró que se encuentra siendo víctima de una persecución política y judicial. En sus declaraciones, señaló específicamente al exfiscal Eduardo Montealegre y al senador Iván Cepeda, mencionando que fueron responsables de su “persecución”. Además, enfatizó que siempre ha actuado con transparencia ante la Corte Suprema de Justicia.
“No tiene riesgos que me vaya a declarar culpable, señora juez. He sido perseguido por Montealegre, por el doctor Cepeda”, expresó Uribe, quien sigue defendiendo su postura de inocencia frente a los cargos que se le imputan.
La jueza Sandra Liliana Heredia es la encargada de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que acusan al exmandatario de haber contactado al abogado Diego Cadena en 2018 con el fin de buscar testimonios en cárceles que lo favorecieran. Esta acusación se centra en el supuesto fraude procesal, al considerar que Uribe habría intentado influir en el proceso judicial que enfrentaba por su vinculación con el paramilitarismo.
La defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, ha sostenido que Uribe es inocente y que las acusaciones son parte de una persecución judicial. Uno de los puntos más debatidos del juicio ha sido la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas erróneamente por la Corte Suprema de Justicia en 2018. Las grabaciones, que fueron obtenidas sin una orden directa hacia Uribe, escucharon durante un mes conversaciones entre él y el abogado Cadena, lo que ha generado una gran controversia en torno a la legalidad de las pruebas.