Para las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) definió dos números que ordenan la contabilidad de campaña: una reposición de $8.287 por cada voto válido y un tope de $18.555.251.477 en gastos para la consulta.
El dato clave es este: la reposición se calcula por votos, pero se paga contra gastos reportados y verificados, dentro de reglas de financiación y topes.
Reposición por voto, ¿cómo funciona?
La reposición por voto es un mecanismo de financiación estatal. Después de la elección, el Estado reconoce recursos según los votos válidos obtenidos, a una tarifa fijada por la autoridad electoral.
El punto que suele malinterpretarse es el límite real del pago. La financiación pública no puede exceder los gastos oficialmente reportados y soportados. En términos prácticos, si la reposición calculada por votos supera lo gastado (y auditado), la campaña no “gana” la diferencia: el reconocimiento se limita a los gastos verificados.
¿Cuántos votos equivalen al tope de $18.555 millones?
Con una tarifa de $8.287 por voto válido, el “punto de equilibrio” del tope se aproxima así:
Votos para igualar $18.555.251.477 ≈ 2,24 millones de votos (18.555.251.477 / 8.287).
Esa cifra sirve como brújula, no como pronóstico. El censo habilitado para las elecciones de 2026 es de 41.287.084 personas, así que 2,24 millones representan cerca de 5,4% del censo para que una campaña sea económicamente factible.
En una consulta, donde la participación suele ser menor que en primera vuelta presidencial, ese umbral “contable” se entiende según el nivel de movilización real de los candidatos.
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¿Qué pasa si una campaña gasta más, igual o menos del tope?
Aterrizado en escenarios, todos parten de la misma regla base: reposición teórica = votos válidos × $8.287.