Con el fin de la veda a los sondeos de opinión, la campaña presidencial colombiana entra en una nueva etapa. Tras casi cuatro meses sin mediciones públicas, el regreso de las encuestas promete ordenar una competencia con decenas de aspirantes y una fragmentación que ha vuelto opaca la carrera por el sucesor de Gustavo Petro.
La ley 2494 de 2025, que prohibió la publicación de estudios de intención de voto entre julio y octubre, había dejado a los partidos y movimientos navegando a ciegas. El levantamiento de la restricción reabre el tablero electoral, aunque bajo un marco jurídico aún incierto: las principales firmas encuestadoras advierten que no reanudarán la publicación de resultados hasta que la Corte Constitucional defina la validez de la norma y el Consejo Nacional Electoral (CNE) expida la reglamentación pendiente.
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Una carrera sin brújula
En ese contexto, la política se ha movido más por percepciones que por datos. Las consultas internas, las alianzas en negociación y el ruido de las redes sustituyeron durante meses el papel de las encuestas como mecanismo de validación y de ajuste de estrategia. La izquierda, por ejemplo, ya estableció a Iván Cepeda como su aspirante tras la consulta del Pacto Histórico, mientras otros bloques apenas comienzan a definir sus cartas. En el centro, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón buscan reposicionarse; en la derecha, el Centro Democrático medirá a sus precandidatos mediante una encuesta interna el 28 de noviembre.
El resultado es un escenario saturado y sin un liderazgo claro. Las primeras mediciones que se publiquen, cuando las haya, no solo marcarán tendencias sino que actuarán como filtro: algunas campañas se fortalecerán con el respaldo de la opinión, mientras otras podrían extinguirse antes de recoger las firmas necesarias para su inscripción.
