Aunque la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro fue aprobada recientemente por el Congreso, la implementación de su componente más ambicioso —el bono pensional de $230.000 mensuales para adultos mayores sin pensión, se encuentra en entredicho. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, fue claro al respecto: “No hay plata”.
Este bono, conocido como el Pilar Solidario, es uno de los ejes de la reforma pensional, diseñada para beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Su objetivo es reducir la pobreza extrema entre la población de la tercera edad que no logró acceder a una pensión formal. Sin embargo, los recursos para financiarlo aún no están asegurados.
¿Qué es el bono solidario?
Se trata de una transferencia mensual de $230.000 destinada a adultos mayores sin pensión, que recibirían este auxilio directamente del Estado. En campaña, el presidente Petro había prometido una cifra incluso mayor: $500.000 mensuales. Aunque esa promesa no se cumplió en su totalidad, el valor actual aprobado representa un esfuerzo fiscal significativo.
La reforma establece que estos pagos saldrán del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero, en la práctica, el presupuesto de 2025 no incluye un rubro específico para cubrir ese gasto.
¿Por qué no hay recursos disponibles?
El panorama fiscal del país está cada vez más apretado. Para 2025, se asignaron $5,7 billones a programas sociales, de los cuales más de $4,5 billones se destinaron a Renta Ciudadana, otro programa de subsidios gestionado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Esto deja muy poco margen para el financiamiento del nuevo bono solidario.
Carolina Hoyos, directora (e) del DPS, reconoció recientemente en una entrevista con Noticias Caracol que el rubro para el Pilar Solidario no aparece porque el Congreso no debatió ni aprobó el proyecto de presupuesto de 2025 en detalle. Sin esa aprobación, no hay asignación específica para este nuevo programa.
El Gobierno busca soluciones improvisadas
Ante la ausencia de una fuente clara de financiación, el Gobierno está buscando alternativas para cumplir con lo aprobado por la Corte Constitucional y el Congreso. Según Hoyos, para el segundo semestre de 2025 el programa costaría unos $2,2 billones. De esa suma, parte ya estaría contemplada dentro del rubro general de transferencias, mientras que el resto sería trasladado por el Ministerio de Hacienda desde el Ministerio de Trabajo.
