El presidente de la República, Gustavo Petro, negó de manera categórica que su gobierno esté brindando protección a exfuncionarios señalados por corrupción, en medio de la controversia que rodea a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien permanece en Nicaragua como prófugo de la justicia colombiana.
Durante el Consejo de Ministros realizado el viernes 15 de agosto en la Casa de Nariño, Petro respondió a los cuestionamientos y sostuvo que su administración no tolerará actos de encubrimiento frente a investigaciones judiciales. “Yo no protejo amigotes que se roban la plata. Siempre he pedido que vayan a la cárcel, y a mis amigos les digo que ni se les ocurra, porque no van a tener a un amigo que los defienda”, afirmó el mandatario en relación al caso.
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Controversia por la residencia en Nicaragua
El caso de González ha generado un fuerte debate luego de conocerse que obtuvo residencia en Nicaragua el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación en su contra por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según reportes de prensa, el exfuncionario habría permanecido en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Managua entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, acompañado de su esposa y varios diplomáticos. Documentos también indican que la sede diplomática intervino en la renovación de su cédula de residencia antes de que esta venciera en junio.
El exembajador en Managua, León Fredy Muñoz, defendió su actuación y señaló que alojó a González cuando aún no existía orden de captura. “Como amigo lo recibí y como amigo lo atendí. La comida la compramos nosotros. Era una cosita de vivienda”, aseguró. Sin embargo, negó haber participado en trámites posteriores.
