José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha hecho duros señalamientos en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelara que las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 serían 6.402 y no 2.448.
Resulta que Vivanco le dedicó un hilo de Twitter a Uribe en el que lo señala de "distorsionar la historia de los falsos positivos", como son conocidos los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
En primer lugar, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que es falso que durante el Gobierno Uribe no se hayan ofrecido recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas por bajas en combate. Adjuntó varias imágenes fragmentos de libros militares de la época que respaldan su argumento. "La unidad que de seis bajas o más en una sola acción $30.000.000", dice uno de esos libros.
"Además de dinero, los miembros del Ejército que reportaban bajas recibían permisos de vacaciones, ascensos, comisiones en el extranjero, premios y felicitaciones", aseguró Vivanco.
Así mismo, tildó de "engañoso" el testimonio de Uribe con respecto a que en su Gobierno se priorizaron las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las bajas. Vivanco señaló que, esta norma fue aprobada en 2007 "cuando ya habían ocurrido más de mil falsos positivos en su Gobierno (según estimaciones conservadoras de Fiscalía)", dijo.
De la misma manera, cuestionó lo que refiere a los levantamientos de cadáveres, según Vivanco, Uribe ha dicho que en su Gobierno se estableció que los levantamientos de cadáveres debían ser realizados por el CTI de la Fiscalía. "Engañoso. Esa norma se dictó en 2006 cuando ya habían ocurrido al menos cerca de 500 falsos positivos en su gobierno (según Fiscalía). Muchas veces se incumplió".
Vivanco también puso en duda las declaraciones que ha hecho Uribe en lo que respecta a que en su Gobierno no nacieron los falsos positivos, la reunión que tuvo en la ONU con un capitán del Ejército en 2008 y los cuestionamientos de Uribe a la ONG Comité de Solidaridad de Presos Políticos, pues según él:
"Uribe intenta atacar el trabajo de la ONG CSPP diciendo que ellos le dieron dinero a un "falso testigo". La Corte Suprema concluyó en febrero de 2008 que la ONG no cometió ninguna irregularidad y se limitó a apoyar a un testigo cuya seguridad estaba en riesgo".
