El Gobierno Nacional radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 423 de 2021, el cual pretende reformar el Código General Disciplinario, para fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Esta iniciativa traduce en una ampliación de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.
La procuradora Margarita Cabello busca que se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos que hayan sido elegidos por voto popular y cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
La Procuraduría acogió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La propuesta legislativa se concentra en tres puntos:
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Facultades jurisdiccionales
La Procuraduría propone al Congreso que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
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División en las fases investigativas
La Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso, sean atendida por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.
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Doble instancia
Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.
Esta reforma al Código General Disciplinario propone duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país (cerca de 500 nuevos funcionarios). Lo anterior porque como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
En ese sentido, la Procuraduría tendría que contratar a más personal y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus funcionarios. Lo que traduce a aumentar el costo de la entidad para el Estado.
