En una campaña presidencial no todos los cargos pesan igual. Aunque en estas semanas han aparecido jefes de debate, voceros, coordinadores políticos y equipos sectoriales, hay una diferencia básica que suele perderse en la conversación pública: el único cargo expresamente regulado por la ley es el de gerente de campaña. Todo lo demás depende del diseño político, comunicativo y organizativo que quiera mostrar cada candidatura.
El único cargo que sí impone la ley
La Ley 996 de 2005 obliga al candidato presidencial a designar un gerente de campaña dentro de los tres días siguientes a la inscripción. Esa persona debe quedar registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), administrar los recursos, representar oficialmente a la campaña ante la autoridad electoral en asuntos de financiación y rendición de cuentas, y puede nombrar subgerentes territoriales. Además, junto con el candidato, el tesorero y el auditor, responde solidariamente por la presentación de informes contables y por el cumplimiento del régimen de financiación.
Ese punto cambia la lectura de muchas etiquetas que hoy circulan alrededor de las candidaturas. Gerente no es lo mismo que jefe de debate, vocero o coordinador político. El primero tiene una función jurídica precisa y obligaciones frente al CNE; los otros cargos son, sobre todo, herramientas de estrategia. Sirven para ordenar la vocería, marcar tono en medios, articular alianzas, dividir tareas regionales o exhibir respaldos, pero no forman una plantilla obligatoria ni homogénea para todos los aspirantes. La diferencia importa porque no todos esos nombres cargan el mismo peso institucional ni la misma responsabilidad legal.
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Las campañas ya muestran estilos distintos
La campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ha hecho visible un esquema amplio de jefes de debate y articuladores políticos. Entre los nombres divulgados aparecen David Luna, Miguel Ángel Pinto, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba, Diego Molano y otros dirigentes con experiencia de gobierno, Congreso o campaña. En ese caso, la señal parece clara: exhibir una estructura de respaldo político, enlaces regionales y figuras reconocibles para la disputa pública.