Informe de la CIDH aviva el debate entre sectores políticos

Este miércoles 7 de julio se conoció el informe 'Protesta y Derechos Humanos' de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento causó ampolla en algunos sectores políticos porque contiene una serie de recomendaciones y observaciones del organismo internacional al Gobierno de Iván Duque sobre las manifestaciones. 

La CIDH sugirió que se debe promover y reforzar un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores. Además, señala que se deben redoblar esfuerzos en la implementación y cumplimiento del Acuerdo de Paz, para enfrentar y contrarrestar las causas estructurales de la violencia y de las protestas.

En total son 47 páginas de observaciones en las que el organismo se refiere a las situaciones que encontró en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio, en el marco del Paro Nacional. La CIDH pidió se apruebe una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y de conformidad a los estándares internacionales.

Así mismo, recomendó que se tomen las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el marco de las protestas sociales.

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Diversas figuras de la oposición reaccionaron al informe, reafirmando las observaciones entregadas y cuestionando al Gobierno Duque por el manejo que le ha dado a las protestas iniciadas el pasado 28 de abril.

Los senadores Iván Cepeda y Gustavo Petro centraron sus comentarios al punto que refiere al uso desproporcionado de la fuerza. Según la CIDH, "Se ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal. Ello pudo ser cotejado con la información recibida a través de audios, videos, fotografías, así como en reuniones con organizaciones sociales y testimonios individuales y colectivos tomados en el marco de la visita".

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Por su parte, el senador Alexander López hizo mención al punto 10, el cual se refiere a las razones por las cuales se habría presentado el estallido de protestas en el país. De acuerdo con el informe, "Estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz".

Uno de los aspectos más controversiales de la protesta son los bloqueos, la CIDH se refiere a ellos como "cortes de ruta" y sus observaciones al respecto causaron molestia en el uribismo, sector político que mostró su descontento con la presencia de la Comisión y, ahora, con el informe presentado. 

La CIDH señala que, "Las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo la protesta pacífica, esto implica que el Estado no debe imponer restricciones previas o prohibiciones generales que terminen desnaturalizando la protesta o privándola de su contenido real". En consecuencia, dice que se deben evaluar las circunstancias caso por caso, procurando la coexistencia entre el ejercicio del derecho humano a la protesta y los derechos fundamentales de terceros.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, las senadoras Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y el senador Carlos Felipe Mejía rechazaron las observaciones de la Comisión. 

La recomendación número 27 apunta al uso de las facultades disciplinarias, el documenta reza que se sugiere: "Adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a autoridades de elección popular de conformidad a los estándares interamericanos en la materia".

Este punto fue cuestionado por la senadora Paola Holguín que, según comentó, no tendría nada que ver con las condiciones actuales del país. 

El debate se centra en algunos de los puntos anteriormente mencionados, sin embargo, hay otras observaciones que son objeto de discusión, por ejemplo:

• Limitar la actuación del ESMAD a casos estrictamente necesarios y separar a la Policía de la estructura del Ministerio de Defensa.
• Tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de la figura del traslado por protección en el marco de las protestas y manifestaciones.
• Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, mediante la protección de los periodistas y el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios.