El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó este martes que la consulta popular impulsada por su gobierno se adelantará por decreto, en caso de que el Congreso no responda dentro del plazo establecido sobre las presuntas irregularidades en la votación. Con este anuncio, el mandatario no solo tensiona aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también advierte directamente a la Corte Constitucional, dejando entrever que podría ser demasiado tarde para frenar el proceso cuando llegue a manos del alto tribunal.
¿Qué hay detrás del decreto?
La controversia gira en torno al procedimiento legislativo que debía validar el avance de la consulta popular. Según Petro, el Senado incurrió en vicios de forma al no leer ni debatir el texto de las preguntas ni su solicitud formal de concepto previo, como lo establece la Ley 5ª de 1992, que regula el reglamento del Congreso.
Este vacío, a juicio del presidente, anula el concepto previo requerido por ley, lo que abriría la puerta para aplicar el literal c del artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, que permite al presidente convocar directamente una consulta popular si el Congreso no emite concepto dentro del término legal.
La carta del Ministerio del Interior
En medio del enfrentamiento institucional, el Ministerio del Interior envió un derecho de petición al presidente del Senado, Efraín Cepeda, señalando las presuntas irregularidades y advirtiendo que, de no corregirse antes del 1 de junio, el Ejecutivo consideraría como no emitido el concepto requerido.
Petro, en su cuenta de X (antes Twitter), respaldó esta postura y aseguró que lo ocurrido representa un “fraude al voto”, responsabilizando directamente a Cepeda de liderar una estrategia para frenar el mecanismo participativo. “Provocó un fraude al voto. Para el gobierno no existe concepto previo y por tanto se abre la opción de aplicar el literal c”, escribió.
