¿Gobierno debe reconocer políticamente a disidencias Farc?

En su propósito de alcanzar la tan anhelada “paz total”, el Gobierno ha adelantado acercamientos con representantes de las Disidencias de las Farc, que han mostrado voluntad de diálogo para la dejación de las armas, dando a conocer sus intenciones políticas: “la erradicación de las causas generadoras del conflicto social y armado”, tal como se lo dijeron a Danilo Rueda, comisionado de Paz, este fin de semana en el Caquetá.

Una vez terminada la reunión, en el comunicado emitido por los representantes del Gobierno se habla de “delegados del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP". Esta mención, así como se lee, ha provocado críticas de varios sectores políticos, nacionales e internacionales, pues se considera que el Gobierno está brindándoles estatus político a estas estructuras armadas al reconocerlas como guerrillas y no como organizaciones narcotraficantes. 

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“Las FARC se desmovilizaron en Colombia en 2017. Lo que quedan son “disidencias” dedicadas principalmente al narcotráfico. Llamarlas “estado mayor de las FARC-EP” es contraproducente y no es propio de un gobierno que se ha comprometido a implementar el acuerdo de paz”, señaló el investigador de Human Rights Watch, Juan Pappier.

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, negociadores del Gobierno durante la administración de Juan Manuel Santos, también han hecho reparos sobre una posible negociación. Argumentan que el sometimiento es el único camino viable para estas estructuras armadas. 

“No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento”, dijo de la Calle en sus redes sociales. “¿Quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir y falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”, añadió.

Analistas sugieren que el Gobierno aclare los escenarios de negociación entre las diferentes estructuras armadas que se quieran acoger a la ‘Paz Total’. 

“Estas disidencias no pueden ser asimiladas como Farc. Sería un mal mensaje para la sociedad hacer como si nada hubiera pasado y volverlos a tratar como si fueran las Farc. El Proceso de Paz, que se firmó en 2016, cerró un capítulo, dejando inexistentes a las Farc. Con estas disidencias debe haber solo una desmovilización, con responsabilidad penal similar al de Justicia y Paz”, le explicó a KienyKe.com Jorge Iván Cuervo, docente e investigador del Centro de Investigaciones de la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad Externado de Colombia.

Por su parte, César Torres, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Nariño, le dijo a este medio que muchos de quienes volvieron a la selva para combatir tienen la “posibilidad de demostrar que tenían la razón en que eran víctimas de una estrategia de entrampamiento, como lo han reconocido varias organizaciones; había una fuerza institucional que presionó a la ruptura. Esa fue la estrategia de ‘trizas a la paz’, obligándolos a refugiarse en el bosque antes que ser extraditados”.

Jorge Munévar, consultor económico y social de la Universidad EAN, dijo que, inevitablemente, el Gobierno tendrá que darles a las disidencias un estatus político, pues tal acción hace parte de la flexibilidad que se requiere en una negociación con connotación política. Señaló, sin embargo, que tal reconocimiento solo podría cobijar a aquellas organizaciones cuyo origen sea político (disidencias Farc y ELN, dijo) y no a estructuras cuyas actividades se basen exclusivamente en rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. 

El debate sigue abierto y el Gobierno no ha dado muestras de reversar lo adelantos registrados hasta ahora. Desde el Ejecutivo se espera que, más allá de las críticas, polémicas como esta no represente obstáculos a nivel jurídico en la búsqueda de la "paz total".