El presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro de la agenda la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Tras el archivo de su reforma tributaria en el Senado, habló de un “comité por la constituyente” que inscribirá un proyecto de ley como su “último acto de gobierno” y pidió que ese comité se organice “antes de que termine el año”.
La pregunta es si ese impulso cabe dentro del calendario electoral de 2026, ya lleno con elecciones a Congreso y Presidencia.
¿Qué hay hoy sobre la mesa?
Hoy no existe un nuevo texto público detallado del proyecto de ley que presentaría el comité. Lo que sí hay es un borrador oficial divulgado en octubre por el Ministerio de Justicia, que sirve como referencia técnica para medir tiempos y fases de una eventual constituyente.
Ese borrador planteaba, a modo de propuesta, una Asamblea de 71 delegatarios elegidos por voto popular, con representación de minorías, víctimas, jóvenes, sindicatos y comunidades étnicas, y paridad de género. Incluía límites como el respeto a los tratados de derechos humanos, la no regresividad en derechos sociales y la prohibición de revocar al Congreso. Esos elementos no necesariamente serán idénticos en un nuevo proyecto, pero ayudan a ilustrar el tipo de diseño que el Gobierno ha tenido en mente.
En todo caso, el camino jurídico seguiría anclado en el artículo 376 de la Constitución, que fija los pasos mínimos para convocar una Asamblea Constituyente.
Los tiempos constitucionales: el cuello de botella
Tomando como base ese esquema y el procedimiento del artículo 376, el recorrido mínimo sería:
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Aprobación de una ley de convocatoria en Cámara y Senado, con mayoría absoluta en ambas corporaciones. En un escenario rápido, esto podría tomar entre dos y tres meses.
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Control previo de la Corte Constitucional, que revisa la ley antes de que vaya a las urnas. Esa etapa puede tardar uno o dos meses, según la carga del tribunal.
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Consulta popular para que la ciudadanía decida si convoca o no la Asamblea y bajo qué límites. La Constitución exige que se realice entre dos y seis meses después del fallo de la Corte y que al menos un tercio del censo electoral vote afirmativamente, es decir, cerca de 13 millones de personas.
