A través de su cuenta de Twitter, la senadora de la oposición María Fernanda Cabal reaccionó a la presencia de grupos armados ilegales en Jamundí, Valle del Cauca, cuyos habitantes han denunciado la circulación de panfletos amenazantes que condicionan la libertad de los ciudadanos.
Las intimidaciones se han dado específicamente en la vereda Brisas del Jordán y en el corregimiento de Potrerito. Aunque el documento no aparece firmado por una organización armada en particular, se habla de cobro de multas y retenciones a los ciudadanos, lo que tiene al límite a los habitantes de la región. Una supuesta Junta de Acción Comunal sería la encargada de expedir carnés y permisos especiales para la circulación de los habitantes de la zona.
Entre otras cosas, por medio de los panfletos se busca establecer normas de conducta y el cumplimiento de obligaciones sociales.
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“Personas que no asistan a los trabajos comunitarios o reuniones de la comunidad tendrán que pagar 100.000 pesos; personas que formen chismes o disturbios deberán pagar un millón de pesos”, se lee en un apartado del panfleto.
También se prohíbe que todo menor de dieciocho años ingrese a establecimientos públicos, máxime si es para consumir bebidas alcohólicas. Si tal advertencia se omite, la multa para el dueño del establecimiento y para los padres del menor sería de cinco millones de pesos.
