Para cuando la Patrulla Fronteriza avistó a los dos migrantes en una maraña de arbustos una helada mañana de diciembre, ellos llevaban seis días vagando sin rumbo en el desierto. Se habían perdido en el último tramo de una travesía de un mes desde Guatemala, en la que solo se encontraron con manadas de pecaríes, coyotes solitarios y cactus punzantes mientras caminaban tambaleantes hacia el norte. Agotados, sedientos y con frío, no se resistieron al arresto.
Menos de dos horas después, los agentes ya los habían sometido al procedimiento jurídico correspondiente y enviado de vuelta al otro lado de la frontera, a México. Alfonso Mena, con pantalones de mezclilla rasgados de la rodilla, temblaba al lado de su compañero en una banca a menos de 274 metros de Arizona y lloraba incontrolablemente.
“¿Qué no harías para ayudarles a tus hijos a salir adelante?”, dijo. En Houston, le esperaba un trabajo como jardinero, afirmó, y su familia contaba con él. “No somos malas personas. Venimos a trabajar”.
No era la primera vez que intentaba entrar a Estados Unidos. Y lo más probable es que no fuera la última.
Las entradas no autorizadas al país están aumentando como un desafío al cierre que impuso en la frontera el presidente Donald Trump durante la pandemia y, al parecer, podría ser el primer reto a la promesa del presidente electo Joe Biden de adoptar una política más compasiva a lo largo de la frontera de 1770 kilómetros de Estados Unidos con México.
Tras un declive significativo de cruces fronterizos durante la mayor parte de este año, las capturas de migrantes no autorizados en la frontera Arizona-México de nuevo están al alza: las detenciones en octubre se incrementaron un 30 por ciento comparadas con las de septiembre, y se prevé que la cifra sea aún mayor en los próximos meses, a pesar del clima helado del desierto sonorense.
Las cifras en aumento sugieren que la política de expulsión del gobierno de Trump, una medida de emergencia para frenar la propagación del coronavirus, está motivando a los migrantes a hacer intentos repetidos de entrar, por rincones cada vez más remotos, hasta lograr cruzar la frontera sin ser vistos.
Además, es muy probable que ellos sean la punta de lanza de una oleada mucho más cuantiosa dirigida a la frontera, según dicen los analistas de inmigración; a medida que una economía cada vez más debilitada en Centroamérica, el desastre causado por los huracanes Eta e Iota y las expectativas en torno a una política más permisiva en la frontera estadounidense motivan a cantidades cada vez mayores de personas a viajar a Estados Unidos.
Nuevas caravanas de migrantes se formaron en Honduras en las últimas semanas, pese al confinamiento impuesto en la nación debido al coronavirus, con el fin de emprender la travesía hacia Estados Unidos, pero se les impidió salir del territorio. Además, la pandemia ha diezmado el sustento de muchos en México, lo cual ha propiciado un incremento de migración desde este país tras una disminución consecutiva de 15 años.
“Las presiones que han causado la afluencia en el pasado no han cesado y, de hecho, han empeorado debido a la pandemia. Si se percibe que habrá políticas más humanas, es muy probable que haya un aumento de llegadas a la frontera”, dijo T. Alexander Aleinikoff, director del Instituto Zolberg de Migración y Movilidad de The New School en Nueva York.
“Eso no significa que esa afluencia no pueda manejarse adecuadamente con un conjunto integral de políticas muy diferentes a las de Trump”, afirmó Aleinikoff, “pero se necesita una burocracia de buen funcionamiento para manejarlas”.
Biden ha prometido empezar a deshacer el “daño” provocado por las políticas fronterizas del gobierno de Trump. Ha declarado que acabará con un programa que ha enviado de vuelta a México a decenas de miles de solicitantes de asilo y que restaurará el papel histórico del país como un refugio seguro para las personas que huyen de la persecución.
Sin embargo, dar marcha atrás a las políticas del gobierno de Trump con rapidez podría interpretarse como abrir las puertas del país de par en par, lo cual supone el riesgo de incitar una ola de personas en la frontera que pronto podría derivar en una crisis humanitaria.
Cuando el gobierno de Trump se enfrentó a cantidades crecientes de familias y niños sin acompañantes que huían de Centroamérica, declaró que los migrantes estaban aprovechándose del sistema de solicitud de asilo para entrar a Estados Unidos e instauró una serie de medidas punitivas de disuasión.
Después de la brutal política de “cero tolerancia” de 2018 que separó a niños de sus padres, el año pasado, el gobierno de Trump implementó los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), también conocido como el programa “permanecer en México”, con lo que obligó a unos 67.000 solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de inmigración en el lado sur de la frontera.
La política hizo que la gente se quedara varada en campamentos improvisados, sucios y controlados por pandillas. No obstante, generó los resultados deseados de reducir la afluencia de manera considerable y convencer a miles de migrantes que ya estaban en la frontera de darse la vuelta y regresar a casa.
Como la política de “permanecer en México” no está codificada como norma, puede ser anulada de inmediato por el presidente electo.
Sin embargo, la imagen de Estados Unidos recibiendo con los brazos a grandes cantidades de migrantes, o encerrándolos en centros fronterizos, crearía una pesadilla de relaciones públicas para el nuevo gobierno y casi con toda seguridad atraería críticas condenatorias de parte tanto de restriccionistas de la inmigración como de activistas a favor de los inmigrantes, por distintos motivos.
