Miriam Rodríguez empuñó la pistola en su bolsa al correr entre el gentío matutino en el puente internacional hacia Texas. Cada tanto se detenía para recuperar el aliento y mirar la foto de su próximo objetivo: el vendedor de flores.
Lo había asediado durante un año, acechándolo en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso trabando amistad con parientes que no sospechaban que lo que Miriam Rodríguez buscaba era saber su paradero. Ahora por fin tenía una pista: una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera.
Desde 2014, Rodríguez rastreaba a los responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de 20 años. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo sino porque ella los persiguió por su cuenta, con una meticulosa obsesión.
Se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias: abuelas y primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop con el que hizo la investigación y los rastreó, uno por uno.
Conocía sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez. Sabía que, antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes.
Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama, cubrió su melena pelirroja encendida con una gorra de béisbol y metió una pistola en su bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. En el puente, escudriñó los carritos de los vendedores en busca de flores pero, justo ese día, el joven estaba vendiendo lentes de sol. Cuando por fin lo halló se emocionó demasiado y se acercó demasiado. Él la reconoció y corrió.
Con la esperanza de escapar, emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Rodríguez, de 56 años en ese entonces, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él poniéndolo contra el barandal. Apretó su pistola contra su espalda.
“Si te mueves te disparo”, le dijo, recuerda su familia. Lo mantuvo ahí casi una hora, esperando que la policía llegara y lo detuviera.
En tres años, Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate, una galería de criminales canallas que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones: uno había renacido como cristiano, otra era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y una era niñera.
En total atrapó a diez personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable. Nadie desafiaba al crimen organizado y ni hablar de encarcelar a sus integrantes.
Le solicitó al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel finalmente se hubiese hartado de sus actividades.
Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el diez de mayo de 2017, Día de las Madres, la mataron a tiros frente a su casa. Su esposo, que estaba mirando la televisión, la encontró boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto a la pistola.
Para muchos en la ciudad norteña de San Fernando, su historia representa todo lo que está mal en México y lo destacable de las personas que, de cara a la indiferencia del gobierno, perseveran. El país está tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre doliente tuvo que resolver sola la desaparición de su hija y murió de forma violenta por eso.
Su sorprendente campaña —relatada a través de los archivos del caso, declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos— cambió a San Fernando, al menos por un momento. La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó por su muerte. El municipio colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Su hijo Luis se hizo cargo del grupo que fundó, un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Las autoridades prometieron capturar a sus asesinos.
Marcada por una década de violencia, una guerra brutal entre las facciones del cártel, la matanza de 72 migrantes y el asesinato de Rodríguez, San Fernando se silenció por un tiempo, como consumida por su propia tragedia.
Hasta que en julio de este año se llevaron a Luciano Leal Garza, un joven de 14 años, cuyo caso se convirtió en el secuestro por rescate de más alto perfil desde la cruzada de Rodríguez para encontrar a su hija.
Luis, el hijo de 36 años de Miriam Rodríguez, no pudo evitar ver las semejanzas y lloró al escuchar la noticia. Igual que pasó con su hermana Karen, a Luciano lo secuestraron en la camioneta familiar. La familia del adolescente pagó dos rescates, que fue lo mismo que hicieron los familiares de Rodríguez en un intento infructuoso por liberar a Karen.
Otra vez estaba pasando.
La gente de la ciudad salió a marchar pidiendo justicia por Luciano. En brigadas buscaron palmo a palmo en los áridos matorrales. Su mamá, Anabel Garza, carismática y valiente, se convirtió en portavoz del abrumador contingente de personas desaparecidas en México —más de 70.000 a nivel nacional— y de la ola incesante de pérdidas en un país donde los homicidios casi se han duplicado en los últimos cinco años.
Pero esta vez la lucha era muy distinta. Años después de la campaña liderada por Miriam Rodríguez, cuya valentía y decisión fueron un faro para la búsqueda de Luciano, su caso también servía de advertencia sobre lo que le esperaba a quien iba demasiado lejos. A diferencia de la búsqueda incesante de Rodríguez en pos de los asesinos de su hija, los padres de Luciano no querían castigar al poderoso cártel.
Redujeron sus esperanzas a algo más sencillo: el regreso de su hijo.
“Mire, ella hizo lo que nosotros queremos hacer”, dijo el padre del muchacho, también llamado Luciano al cumplirse el tercer mes de la desaparición de su hijo. “¿Pero cómo terminó Miriam? Muerta”.
“Es el temor de nosotros”, añadió.
La cacería de una madre que busca a su hija
El walkie-talkie que colgaba del cinturón del secuestrador zumbaba repetidamente e interrumpía la súplica de Rodríguez, que le rogaba que le devolviera a su hija.
Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtieron en un nudo nauseabundo de llamadas, amenazas y falsas promesas. Para pagar el primer rescate, la familia de Rodríguez obtuvo un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para ese tipo de pagos.
La familia siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó, en vano, a que los secuestradores la liberaran en un panteón local.
Como tenía poco que perder, Rodríguez pidió una reunión con integrantes del cártel local de los Zetas y, para su sorpresa, accedieron. Se sentó en El Junior, un restaurante de la ciudad, frente a un joven delgado.
Era 2014, una época particularmente sombría en San Fernando. Muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que encontrar menos de 20 restos juntos apenas ameritaba un titular.
Los Zetas, que alguna vez fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes. Se llevaban a inocentes para financiar su guerra con los rescates o para reclutar soldados que la pelearan. A veces, por diversión, organizaban peleas a muerte entre los cautivos.
Luis, el hermano mayor de Karen, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro. Pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con Rodeo Boots, el pequeño negocio familiar de indumentaria vaquera.
El 23 de enero, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se le emparejaron, una a cada lado, y la detuvieron. Hombres armados subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon, con ella a bordo.
La llevaron a la casa familiar, donde Karen vivía durante la semana los días en los que Rodríguez, que también trabajaba como niñera en Texas, estaba fuera. Cuando Karen estaba en el piso de la sala, amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta: el mecánico de su tío apareció para hacerle unas reparaciones a la camioneta de la familia.
Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él. Después huyeron.
Ahora Rodríguez estaba frente a uno de ellos, rogándole que liberaran a Karen mientras, de tanto en tanto, su radio chillaba. Insistió que el cártel no tenía a su hija pero se ofreció a ayudar a localizarla por una cuota de 2000 dólares y Rodríguez la pagó. A través de la estática, ella por fin escuchó que alguien lo identificó por su nombre: Sama.
Después de una semana, dejó de contestarle el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores. Necesitaban otro poquito de dinero, decían, solo 500 dólares. La familia dudaba que eso fuera a devolverles a Karen, pero igual mandaron el dinero.
Con cada pago, Rodríguez recobraba la esperanza. Y con cada intento fallido por recuperarla caía en un desconsuelo más hondo.
La esperanza es como una toxina que envenena a muchas familias de desaparecidos. Algunos se despojan de ella y pasan la página, pero otros la conservan hasta que los destruye.
Rodríguez, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor, Azalea. Una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y le dijo a Azalea que sabía que Karen no iba a regresar jamás y que lo más seguro es que estuviera muerta. Lo dijo con certeza, como quien describe un sueño.
Le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Los cazaría, uno por uno, hasta el día de su muerte. Azalea vio cómo la tristeza de su madre se convirtió en decisión y cómo su esperanza dio paso a la venganza.
Después de eso, su madre se convirtió en otra persona.
El secuestro de Luciano
Vivir en San Fernando implica aceptar ciertas realidades.
Las familias han sufrido secuestros y los toques de queda que imponen los cárteles del mismo modo que los habitantes de las grandes ciudades toleran el tráfico y la contaminación. Rodeadas por la violencia, muchas personas viven vidas muy limitadas. Prácticamente todas las cuadras han sido afectadas: hijos que faltan, seres queridos asesinados, casas abandonadas.
Para ser una ciudad de solo 60.000 habitantes, San Fernando sufre una infamia desproporcionada, se trata de un infortunio fruto de la geografía. La ciudad se ubica a lo largo de la principal ruta al norte que atraviesa el estado de Tamaulipas. Justo en las afueras del municipio se desenreda un ramillete de carreteras, y cada una se dirige a algún cruce fronterizo estratégico con Estados Unidos. Fuera de las autopistas, los caminos de tierra en los matorrales proveen una red de rutas de contrabando que son ideales para los traficantes.
En 2010, las autoridades federales descubrieron los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos en un rancho en las afueras de la ciudad, lo que en ese entonces se creía que era la matanza más salvaje perpetrada por un cártel.
Al menos hasta el año siguiente, cuando los secuestros descarados de autobuses de pasajeros llevaron al descubrimiento de unos 200 cuerpos sepultados en fosas masivas ubicadas en las periferias de San Fernando.
Aunque muchos huyeron para escapar de la violencia, otros se quedaron porque habían construido una vida que no iban a abandonar por los pecados de otros. La familia de Luciano se quedó.
Su abuelo, Luciano, era transportista y dueño de un negocio de camiones que empezó de la nada y de una próspera fábrica de bloques de cemento. Su padre, también llamado Luciano, era dueño de una pujante tienda de materiales de construcción. A los 14, el menor de los Lucianos les ayudaba a los dos mayores cuando no estaba en la escuela.
Como todos en la ciudad, los parientes de Luciano conocían la historia del secuestro de Karen y el trágico heroísmo de Rodríguez. Y sabían que su prosperidad los volvía objetivos francos del crimen, incluso más que la familia Rodríguez. A través de los años, varios miembros de la familia de Luciano ya habían sido raptados por dinero, entre ellos su padre, que en 2012 estuvo cautivo durante 33 días.
Los familiares tomaban precauciones y a veces monitoreaban a sus hijos con tal intensidad que parecía un sistema de vigilancia. Pero los secuestradores supieron exactamente cómo atacar.
Pasaron semanas intentando atraer a Luciano con el falso perfil en Facebook de una muchachita.
“Estás bien guapo”, decía uno de los mensajes que le enviaron desde la cuenta. “Vente para conocerte”.
Ese día llegó el 8 de julio de 2020, al acordar un encuentro fugaz en un parque. Luciano estaba cuidando a una de sus hermanas y no podía tardarse, escribió.
Fue en una de las camionetas de la familia y, en segundos, hombres armados se subieron a la fuerza, lo empujaron a un lado y se marcharon. Igual que habían hecho con Karen seis años atrás.
Durante las siguientes horas, la familia de Luciano peinó la ciudad en una búsqueda desesperada. Solo hasta que su hermana abrió la cuenta de Facebook del chico entendieron lo que había pasado.
Poco después de llevarse a Luciano, los secuestradores llamaron a su padre y pusieron al teléfono al muchacho. Lo primero que preguntó fue si sus dos hermanitas estaban a salvo.
Al día siguiente, el papá de Luciano depositó una bolsa de dinero en una brecha de tierra abandonada que corría perpendicular a la carretera, igual que había hecho el papá de Karen. Un día después, los secuestradores dijeron que querían más.
Para el segundo pago, el papá de Luciano manejó dos horas y dejó una bolsa de efectivo entre dos llantas ponchadas en una gasolinera abandonada. Cuando iba de regreso a San Fernando los secuestradores lo llamaron. Iban a entregar al chico en la casa familiar esa misma noche. Nadie durmió. Cada ruido de la calle los asustaba.
Los secuestradores dejaron de contestar el teléfono en la mañana y la familia supo que Luciano no iba a volver. Al menos no del modo que habían estado esperando.
Incluso entonces, sopesaron las inmensas consecuencias de acudir a la policía. Pero sintieron que no tenían nada que perder.
“El temor más grande que nosotros pudiéramos tener como padres pues precisamente es el de perder un hijo”, dijo Garza, su mamá. “Y eso ya nos lo hicieron”.
El descubrimiento
Todos publican fotos en redes sociales, incluso los narquillos. Miriam Rodríguez solo necesitaba que Sama se descuidara.
Ya había confirmado que él estaba involucrado con el secuestro, gracias al mecánico que se llevaron junto a Karen esa noche. El cártel nunca había tenido la intención de quedárselo y después de que lo dejaron ir, Rodríguez lo interrogó para saber cualquier cosa que hubiera visto o escuchado.
Se convirtió en detective de redes sociales y pasó horas escudriñando el perfil de Karen en busca de pistas.
Una mañana, acostada en el sofá, descubrió una foto en Facebook con la etiqueta de ese mismo nombre, Sama. Reconoció la misma complexión delgada y el rostro bien rasurado que había visto el día que comieron.
Junto a él en la imagen aparecía una muchacha con el uniforme de una heladería de Ciudad Victoria, a dos horas de ahí.
Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven y esperaba cada cambio de turno a que apareciera Sama. Cuando por fin lo hizo, ella siguió a la pareja a su casa y tomó nota de la dirección.
Pero para obligar a que la policía hiciera algo, necesitaba más que una ubicación. Necesitaba un nombre. Y para conseguirlo tenía que acercarse más.
Se cortó el pelo y se lo tiñó de rojo encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de un puesto de bajo nivel que tuvo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía oficial pasó gran parte de un día haciendo una encuesta falsa en el barrio hasta que consiguió los detalles básicos de uno de los secuestradores de su hija.
Acudió a las autoridades —locales, estatales y federales— pero nadie la ayudó. Iba a todas partes con sus archivos, como una vendedora de puerta en puerta para quien jamás había un ‘no’ definitivo.
Al final consiguió un policía federal que accedió a ayudarla.