La cadena de restaurantes Frisby España ha suspendido temporalmente su expansión en Europa en medio de una creciente controversia legal y mediática con Frisby Colombia, la reconocida marca de pollo nacida en Pereira en 1977.
La decisión fue confirmada por Charles Dupont, portavoz de la firma española, durante una entrevista con la emisora La W, donde defendió la legitimidad de su operación y negó cualquier intención de apropiación indebida.
"Elegimos el nombre porque teníamos el derecho y no estaba siendo usado", argumentó Dupont, aludiendo al marco legal europeo que permite la anulación de marcas que no han sido utilizadas activamente en un plazo de cinco años.
La raíz del conflicto: ¿uso indebido o vacío legal?
La controversia comenzó cuando Liliana Restrepo, gerente de Frisby Colombia, denunció públicamente que la empresa española estaba utilizando sin autorización el nombre, logo e imagen de la marca, registrada desde 2004 en Europa con fines de expansión futura. A pesar de este registro, Frisby Colombia nunca concretó operaciones en el continente.
Este detalle resulta crucial. Según la legislación europea de propiedad industrial, una marca puede perder su validez si no es utilizada de manera activa en un periodo continuo de cinco años. Bajo esta normativa, Frisby España inició un proceso de anulación del registro colombiano ante las autoridades europeas.
“No hemos recibido contacto oficial”
Frisby España, por su parte, sostiene que hasta la fecha no ha recibido ningún requerimiento legal formal por parte de la firma colombiana, más allá de comunicados de prensa.
"No hemos sido contactados por ningún abogado o representante oficial de Frisby Colombia", declaró Dupont. "De hecho, intentamos acercamientos para hablar sobre una posible franquicia o alianza, incluso sin pedir dinero. Pero nunca obtuvimos respuesta".
Dupont también enfatizó que el conocimiento previo sobre la existencia de Frisby en Colombia no implica mala fe. Según el derecho comunitario, la mala fe debe probarse como una intención deliberada de perjudicar una marca activa en el territorio de la Unión Europea, lo cual, asegura, no es el caso.