El caso del feminicidio de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado en un campo de caña de azúcar en Candelaria, Valle del Cauca, sigue siendo un doloroso recordatorio de la violencia que enfrentan las mujeres y menores en Colombia.
La familia de Sofía, en especial su madre, Lady Zúñiga, ha alzado su voz en busca de justicia, exigiendo que el proceso judicial se agilice, pues las dilaciones continúan empañando lo que debería ser una resolución rápida y definitiva.
La tragedia de Sofía Delgado
La desaparición de Sofía comenzó el 29 de septiembre de 2024, cuando la niña salió de su hogar en Villagorgona, un pequeño caserío del Valle del Cauca, para comprar champú para su mascota. Desde ese momento, su madre y seres queridos comenzaron una búsqueda incansable que se prolongó durante 19 días.
La angustia de no saber nada sobre su paradero se convirtió en desesperación hasta que el 17 de octubre su cuerpo fue hallado.
Las investigaciones iniciales apuntaron a Brayan Sneyder Campo, un hombre de 32 años que, tras ser detenido como principal sospechoso, confesó haber asesinado a Sofía.
Según su declaración, el crimen ocurrió el mismo día de la desaparición, luego de que la niña fuera interceptada en la veterinaria donde él trabajaba. La autopsia reveló que, tras golpearla con un objeto pesado, Campo enterró el cuerpo en un terreno cercano. Sin embargo, las condiciones del terreno dificultaron la identificación precisa de la causa de la muerte.
Obstáculos judiciales y dilatación de la justicia.
Desde que Campo confesó el crimen, la esperanza de la familia era que el proceso judicial se resolviera rápidamente. No obstante, para los familiares de Sofía Delgado, la justicia en Colombia ha mostrado su cara más lenta y burocrática, pues la audiencia de sentencia ha sido aplazada en tres ocasiones desde el año pasado.
La razón de estos retrasos ha sido una serie de peticiones y trámites que han prolongado para el abogado defensor, innecesariamente el sufrimiento de la madre de Sofía.
En primer lugar, la Fiscalía solicitó un aplazamiento, lo que ya comenzó a generar dudas sobre la rapidez del proceso. Más tarde, el defensor del acusado presentó su renuncia, lo que ocasionó un nuevo retraso. El último obstáculo vino de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó una nulidad en el caso, lo que implicaría que el proceso se reinicie, alargando aún más la espera.
Para Lady Zúñiga, madre de la menor, estos retrasos no son solo una carga emocional insoportable, sino una forma de revictimización. En su intervención pública, expresó con dolor: "Nosotros como víctimas no compartimos esas solicitudes que realiza el mismo Estado en cabeza de la Procuraduría", subrayando la necesidad urgente de una sentencia condenatoria sin más dilaciones.