El pasado 30 de mayo, Francia cerró uno de los capítulos más oscuros de su historia judicial con la condena a 20 años de prisión del excirujano Joël Le Scouarnec por violación y agresiones sexuales a 299 pacientes, la mayoría menores de edad.
El veredicto, que representa la pena máxima para este tipo de delitos en el país, deja un sabor amargo en muchas de las víctimas y en la sociedad civil, que clama por justicia estructural y cambios legislativos profundos.
Este caso, calificado por la fiscalía como “el mayor juicio de pederastia en la historia de Francia”, expone no solo la magnitud de los crímenes de Le Scouarnec —quien ejercía como cirujano digestivo y visceral en varios hospitales de Bretaña—, sino también las fallas sistémicas que permitieron que sus abusos se perpetuaran durante casi tres décadas, entre 1989 y 2014.
Un depredador con bata blanca
Las víctimas, 158 hombres y 141 mujeres, tenían en promedio 11 años al momento del abuso. La mayoría estaba bajo sedación o en recuperación postoperatoria, en contextos donde su vulnerabilidad física y emocional era absoluta. Joël Le Scouarnec aprovechó su posición de poder médico para cometer tocamientos, penetraciones y violaciones, a veces incluso en presencia de personal clínico o familiares, encubriendo sus crímenes como parte del acto médico.
Los detalles del juicio estremecieron incluso a los observadores más curtidos. El excirujano llevaba un registro meticuloso de sus crímenes en diarios personales, acompañados de más de 300 mil imágenes de explotación sexual infantil y muñecas usadas para simular sus abusos. Esta documentación fue clave para identificar a muchas víctimas que ni siquiera recordaban haber sido agredidas.
Cuando el silencio institucional perpetúa la violencia
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la inacción de las instituciones hospitalarias que, pese a tener señales de alarma —como una condena en 2005 por tenencia de pornografía infantil—, nunca activaron protocolos de protección ni lo apartaron del contacto con pacientes menores. Esta omisión llevó a la apertura de una investigación paralela por parte del Ministerio Público contra varios centros de salud por “omisión voluntaria de impedir crímenes contra la integridad física”.
En palabras de Manon Lemoine, una de las sobrevivientes: “Intentan presentarlo como un monstruo, pero este monstruo es la sociedad que lo creó y le permitió persistir”. Su testimonio refleja el sentimiento compartido por muchas víctimas: la convicción de que el sistema falló.
